Senadores explican que la nominación no afecta a la mandataria
El fiscal Luis Toledo se encuentra investigando desde febrero la compra y venta de terrenos que realizó la empresa en Machalí, cuya propiedad es un 50% de Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta y esposa de Sebastián Dávalos, quien trabajó como gerente de proyectos de la firma.
El nombramiento del nuevo fiscal nacional, quien reemplazará a Sabas Chahúan, es una decisión que está enfrentando a la Presidenta Michelle Bachelet al dilema de inhabilitarse ante una eventual nominación del fiscal que está viendo el Caso Caval, Luis Toledo, como uno de los cinco nombres que propondrá la Corte Suprema a la mandataria.
Toledo ya presentó ante el máximo tribunal del país una carpeta con sus antecedentes, oficializando de esta forma su candidatura para el cargo que deberá dejar Chahuán. También está postulando el jefe de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, quien el viernes oficializó su postulación.
Desde febrero que Toledo se encuentra investigando la compra y venta de terrenos que realizó la empresa Caval en Machalí, firma que en un 50% es de propiedad de Natalia Compagnon, nuera de la Jefa de Estado y esposa de Sebastián Dávalos, quien trabajó como gerente de proyectos de la firma.
En este marco de las pesquisas, Toledo ha tenido que tomar declaraciones en calidad de imputado al hijo de la jefa de Estado.
Es esta situación la que reviste importancia en el proceso de elección del reemplazante del fiscal nacional, ya que corresponde a la Presidenta Bachelet seleccionar uno de los nombres que proponga la Corte Suprema, para luego ser ratificado por el Senado con dos tercios de los parlamentarios.
Sin embargo, algunos senadores expresaron que el Caso Caval no debería inhabilitar a la Presidenta para designar al nuevo fiscal nacional porque los gobernantes deben interponer los intereses generales sobre los particulares.
Así lo expresó el senador PPD, Felipe Harboe, quien en declaraciones a La Tercera precisa que «no creo (que se deba inhabilitar), aunque no tengo opinión formada al respecto. Los gobernantes, cualquiera sea su color político, deben interponer el interés general al particular. No me cabe duda que no será la excepción».
A su vez, el UDI Juan Antonio Coloma dijo que «yo, en general, creo que las personas tienen que cumplir con sus deberes. No conozco el caso en particular (…). Esto hay que tomarlo con harta seriedad».
En tanto, Pedro Araya, independiente que pertenece a la banda DC, señaló que la eventual postulación de Toledo «creo que no implica una inhabilidad (para la Presidenta). Ella va a ejercer su deber constitucional mirando el interés superior del país y no una causa puntual».
Por su parte, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, explicó que «el gobierno en su momento, cuando le corresponda de acuerdo a la Constitución, se va a pronunciar de acuerdo a la propuesta de cinco nombres de la quina que le presente la Corte Suprema».
En ese sentido, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, expresó que «no corresponde que hagamos ningún tipo de pronunciamiento respecto a quienes participen. Por de pronto, todas las personas que cumplen con los requisitos por concurso abierto lo pueden hacer».
