Presidenta destaca beneficios del tratado
La Mandataria aseguró que el acuerdo «tendrá beneficios importantes, pero a la vez salvaguardando los temas sensibles, especialmente en el ámbito de propiedad intelectual». Una opinión distinta tiene la ONG nacional Derechos Digitales, que exhortó a los países que forman parte del TPP que hagan públicos los documentos de negociación del tratado y que han sido -a su juicio- «celosamente ocultos» durante los últimos siete años.
La Presidenta Michelle Bachelet defendió hoy el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés) garantizando que el tratado «no irá más allá de los estándares que impone la norma vigente en nuestro país».
«Tendrá beneficios importantes, pero a la vez salvaguardando los temas sensibles, especialmente en el ámbito de propiedad intelectual», sostuvo la Mandataria.
«Hemos defendido el interés nacional asegurando que no iremos más allá de los estándares que impone la norma vigente del país, y respetando los compromisos que están incorporados en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos», agregó la jefa de Estado.
Hace algunos días y en esa misma línea, el canciller Heraldo Muñoz consideró como «altamente satisfactorio» para los intereses de Chile el TPP.
«Este es un momento muy importante, ha sido una negociación en la que nuestros representantes han actuado con firmeza y vigor para proteger nuestros intereses y el saldo es favorable», destacó el jefe de la diplomacia.
A juicio de Chile, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica «será el estándar de los acuerdos comerciales a nivel mundial», toda vez que la Ronda de Doha, que impulsa la Organización Mundial del Comercio (OMC) «no ha avanzado como hubiera sido deseable».
Entre las virtudes del TPP, Muñoz se refirió a la mejora del acceso para los productos, la vinculación con cadenas de valor y la apertura de áreas como compras gubernamentales y servicios no incluidas en tratados anteriores con los otros once socios.
La ONG nacional Derechos Digitales exhortó a los doce países que forman parte del TPP que hagan públicos los documentos de negociación del tratado y que han sido -a su juicio- «celosamente ocultos» durante los últimos siete años.
«Ahora más que nunca es necesario que los textos de la negociación, celosamente ocultos durante los últimos siete años, sean liberados, de modo que podamos conocer la real dimensión de los costos y beneficios asociados a suscribir esta alianza comercial», advirtió la organización no gubernamental.
«Lamentablemente nuestros Congresos no pueden proponer modificaciones, por menores que ellas sean, ni rechazar pequeños fragmentos contraproducentes; las únicas alternativas son aceptar o rechazar el texto en su totalidad», agregó.
El TPP fue suscrito este lunes en Atlanta (EE.UU.) entre doce países de tres continentes: Estados Unidos, México, Perú, Chile, Canadá, Japón, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunei, Australia y Nueva Zelanda.
La ONG denunció que las condiciones del acuerdo se mantienen en secreto y que han sido evaluadas únicamente por los equipos negociadores.
Aseguró que estas son fruto de un proceso que ha carecido de cualquier forma de participación ciudadana y control político, y siguen siendo desconocidas para los Congresos nacionales, la prensa y el público.
«Es por ello que ignoramos los alcances concretos que este acuerdo tiene para los habitantes de los países firmantes», advirtió la organización fundada en 2004 por un grupo de abogados vinculados a la Universidad de Chile.
En opinión de la ONG, este hermetismo es incompatible con la democracia del siglo XXI y añade que mientras los países avanzan poco a poco en mejorar sus democracias y establecer mejores mecanismos de transparencia pública, el TPP «es todavía un resabio de opacidad propia de regímenes autoritarios».
Si el TPP tendrá impactos en materias tan sensibles como el rol del Estado en la economía, los derechos en internet o el acceso a la salud, precisamente lo que se requiere es más debate público «y no existe ninguna razón para que un tratado de esta magnitud haya sido negociado a espaldas de la ciudadanía», aseveró.
La organización concluyó que ahora es turno de los congresistas de México, Chile y Perú de estudiar con detenimiento y muy a conciencia «si esta es la mejor ruta hacia estados más desarrollados, más democráticos y donde los ciudadanos cuenten con mayores derechos».
«Si la respuesta es negativa, es importante que ejerzan las facultades que la ley les confiere y se opongan a un acuerdo económico que hipoteca el futuro de nuestras naciones y compromete los derechos fundamentales de sus habitantes», sentencia.
