Fiscal Luis Toledo prepara acción judicial contra ella y su socio
El abogado querellante en el caso Caval, Mario Zumelzu, llamó a la Presidenta a que «haga realidad» la idea de que «todos seamos iguales» y que «el servicio -cuyo director es un funcionario de su confianza- tenga la libertad para hacer lo que tiene que hacer, que no es otra cosa que presentar una querella por delitos tributarios».
La falta de una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco del caso Caval sería el único impedimento para formalizar a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet y su socio.
Así lo aseguró el abogado querellante Mario Zumelzu, quien adelantó en Radio Cooperativa que «estamos muy cerca de la formalización de Natalia Compagnon y de Mauricio Valero, sin perjuicio de algún grado de autoridad que pueda tener Sebastián Dávalos Bachelet, pero para ello se requiere un paso previo que depende del Servicio de Impuestos Internos».
El fiscal de la Región de O’Higgins, Luis Toledo, quien se reincorporó al caso, prepara las formalizaciones esperando que el organismo acuse a ambas personas por delitos tributarios.
En ese sentido, Zumelzu emplazó a la Mandataria a «hacer realidad la idea de que todos seamos iguales y que el Servicio de Impuestos Internos, cuyo director es un funcionario de su confianza, tenga la libertad para hacer lo que tiene que hacer, que no es otra cosa que presentar una querella por delitos tributarios en contra de Caval».
El lunes el caso Caval volvió a quedar en manos del equipo que encabeza el fiscal Luis Toledo, luego de que estuviera unas semanas a cargo de Cristián Paredes, fiscal en la Novena Región, mientras Toledo postulaba a Fiscal Nacional.
Ese día, los avances de la investigación fueron recibidos por el fiscal Sergio Moya, parte del equipo y quien dio algunas luces sobre los avances de la causa y los eventuales delitos tributarios.
“La investigación se encuentra en un estado bastante avanzado. Son diversos los ilícitos que se indagan y diversos también los imputados. Estimamos que una vez concluido el trabajo con Impuestos Internos, que también se coordinó con el Fiscal Regional Paredes, podemos tener una pericia que nos dé luces sobre eventuales delitos tributarios que puedan estar presentes en esta causa”, afirmó Moya a La Tercera.
Paralelamente tres diputados de la UDI pidieron un oficio para precisar la salida del país de Sebastián Dávalos, quien al igual que su esposa no tiene orden de arraigo en el marco de esta investigación.
Ayer, la comisión Caval II de la Cámara de Diputados debatió sobre la arista Saydex, empresa que firmó contrato con diversos servicios de salud a nivel nacional.
Al respecto, el Ministerio de Salud realizó una auditoría para determinar si hubo cohecho en los procesos de licitaciones de la cartera.
«Se trata de representantes de la empresa Saydex, en cuanto a haberse ganado algunas licitaciones a través de gestiones con personas vinculadas al Ministerio de Salud durante la administración anterior», declaró el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows.
«Lo que nosotros hemos hecho bien responsablemente es incluir una auditoría general y a partir de esa auditoría cada uno de los servicios siguen con cada uno de los procesos de acuerdo a los hallazgos que se encontraron», enfatizó la autoridad.
El diputado DC y presidente de la comisión investigadora, Gabriel Silber, manifestó: «Nos llama profundamente la atención que a la fecha no hubiese existido ningún sumario que se haya hecho cargo de esta situación».
«Aquí se pagaban precios y comisiones por contratos, en algunos ya se reconocen el orden de los 170 millones de pesos por lo menos y uno esperaría mayor proactividad y celo por parte del Ministerio de Salud en proteger el patrimonio fiscal», concluyó.
