María de los Ángeles Barros, subdirectora de Leasur, aseguró que fin último de la denuncia es saber «quiénes son los responsables de retener ilegalmente en prisión a más de quinientas personas que habían obtenido el derecho de rebaja de condena por su buena conducta». Según la ONG, el asunto fue resorte del ex titular de Justicia, José Antonio Gómez.
La Organización No Gubernamental (ONG) Litigio Estructural en Derechos Humanos (Leasur), que se dedica al estudio y crítica de la política criminal del Estado chileno y a la defensa de los derechos de la población penal, presentó una denuncia criminal en contra de los personeros del Ministerio de Justicia que resulten responsables por los delitos de prevaricación administrativa e irregularidades en la detención.
Argumentan que «entre 2014 e inicios de 2015, más de quinientas personas privadas de libertad que habían obtenido la rebaja de condena por su buen comportamiento fueron mantenidas en prisión injustamente».
«El Ministerio de Justicia —presidido en ese momento por José Antonio Gómez, actual ministro de Defensa— impuso una nueva política de revisión para otorgarles ese derecho, excediéndose con ello en sus atribuciones e impidiendo o retrasando ilegal y arbitrariamente su liberación», agregan.
«Queremos saber quiénes son los responsables de este abuso sistemático en contra de cientos de chilenos. No podemos tolerar que personeros del Estado violen la ley», señala María de los Ángeles Barros, subdirectora de Leasur.
En 2003, cuando José Antonio Gómez era ministro de Justicia, entró en vigencia la ley 19.856, que creaba un sistema de reinserción social para las personas privadas de libertad. La normativa, dentro de la cual se enmarca la rebaja de condena, buscaba promover la buena conducta al interior de los recintos penales, generar mejores perspectivas de integración y evitar, a largo plazo, la reincidencia delictual.
Al respecto, María de los Ángeles Barros explica que «Se ha comprobado que las personas que obtienen el derecho de rebaja de condena producto de su excelente comportamiento reinciden menos. Que el Estado, de acuerdo con la ley, valore la motivación y compromiso de quienes obtuvieron este derecho, y que, por otro lado, niegue o retrase ilegalmente su liberación, genera un quiebre en la confianza con las instituciones y entorpece el proceso de reinserción social».
A diciembre de 2014, la Defensoría Penal Pública, Leasur, CONFAPRECO y otras ONG ya habían interpuesto cientos de recursos de amparo en favor de los afectados, los que fueron acogidos tanto por las Cortes de Apelaciones como por la Corte Suprema. Los máximos tribunales señalaron reiteradamente que la decisión de reducir el tiempo de privación de libertad está radicada exclusivamente en la Comisión de Reducción de Condena y que al Ministerio de Justicia le corresponde solo ejecutarla. Sin embargo, y contraviniendo lo ordenado por el Poder Judicial, los personeros de la cartera continuaron violando la garantía constitucional de libertad de cientos de chilenos.
Según Barros, «los personeros del Ministerio de Justicia infringieron la ley deliberadamente, porque sabían que negar o retrasar la liberación de quienes ya habían obtenido la rebaja de condena no era parte de sus atribuciones».
Finalmente, la representante de Leasur indica que no porque una persona haya sido condenada, el Estado está autorizado a vulnerar los derechos que la Constitución le asegura, pues existe una serie de garantías que no pueden verse afectadas por la privación de libertad. Afortunadamente, indica, bajo la administración de Javiera Blanco, el Ministerio de Justicia ha vuelto a actuar conforme a derecho. Pero esto no es suficiente: «Estamos frente a una actuación abusiva que significó la privación ilegal de libertad de cientos de personas que habían cumplido su condena ante la ley, y que el Ministerio de Justicia mantuvo tras las rejas arbitrariamente». Exigimos que la justicia se pronuncie acerca de estos hechos y por eso estamos interponiendo una denuncia».
