El integrante de la instancia, diputado Leonardo Soto, señaló que lo anterior «es por la evidente ausencia de fundamentos en la acusación, que no establece faltas a la Constitución y las leyes concretas adjudicables a una conducta personal de la ministra, y ni siquiera remite pruebas que sustenten las múltiples afirmaciones vagas, imprecisas e incluso contradictorias que la componen».
La Comisión revisora de la Acusación Constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo, rechazó la tarde de este martes los cuatro capítulos del libelo presentado por diputados de la oposición, y decidió recomendar a la Sala acoger la llamada «cuestión previa» sobre su admisibilidad invocada por la defensa.
El integrante de la instancia, diputado Leonardo Soto, señaló que lo anterior «es por la evidente ausencia de fundamentos en la acusación, que no establece faltas a la Constitución y las leyes concretas adjudicables a una conducta personal de la ministra, y ni siquiera remite pruebas que sustenten las múltiples afirmaciones vagas, imprecisas e incluso contradictorias que la componen».
El parlamentario destacó que la mayoría de los expertos constitucionalistas y organizaciones que asistieron a la comisión «concordaron en que los problemas de fondo expuestos por los acusadores corresponden a una situación sistémica de la Salud, y que por tanto no se resuelven con la salida de una ministra».
Asimismo, Soto cuestionó que diputados patrocinantes de la acusación «reconocieron aquí explícitamente que su objetivo era generar con esto un debate público que llevara al Gobierno a revertir las políticas en la materia que no son de su agrado».
«Es decir, se trató de instrumentalizar una institución constitucional en extremo delicada para fines políticos, lo que constituye una frivolización inaceptable. A todos nos preocupan los problemas de la Salud, pero esta no es la forma», concluyó.
