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Milicogate: Imputan fraude al fisco a dos proveedores del Ejército

Milicogate: Imputan fraude al fisco a dos proveedores del Ejército

Según la ampliación de querella del CDE, el perjuicio fiscal superaría los $3 mil millones.


La fiscal metropolitana Centro Norte Ximena Chong, solicitó audiencia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar por fraude al fisco a dos proveedores del Ejército, en el marco del llamado «Milicogate».

Se trata de Raúl Fuentes y César Fuentes, representantes legales de las sociedades Katherine y Nicole y Comercio Capellán, respectivamente, consigna hoy El Mercurio.

Asimismo, pidió fecha para imputar nuevos cargos a Francisco Huincahue, ya formalizado en la causa.
Huincahue entregó facturas ideológicamente falsas de su empresa Frasim a los procesados Clovis Montero, coronel (r), y a Juan Carlos Cruz, cabo, entre junio de 2013 y marzo de 2014 por $325 millones, monto que corresponde al perjuicio fiscal, según una ampliación de querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

«Huincahue emitía las facturas a Montero y este se las daba a Cruz, quien procedía a confeccionar los documentos pertinentes y a falsificar los vistos buenos y aprobaciones de oficiales superiores, ingresándolas a trámite de pago en tesorería del Ejército. Una vez obtenido el pago de las facturas por parte de Francisco Huincahue, se repartían dichos dineros entre todos los involucrados», dice la querella.

El perjuicio fiscal total en su caso asciende ahora a $429 millones, si se suman estas nuevas facturas a las que fueron materia de la formalización contra Huincahue en octubre de 2014.

Raúl Fuentes y César Fuentes habrían operado de la misma forma, facilitando facturas a los suboficiales, Claudio González y Miguel Escobar (procesados por la justicia militar).

Ello significó un perjuicio fiscal cercano a los $2 mil 61 millones.

Misma estrategia siguieron los querellados por el CDE Waldo Pinto y Pedro Salinas, con la entrega de facturas «falsas» a funcionarios del Ejército, cuyas identidades se indagan, por $29 millones y cerca de $840 millones, en cada caso. Contra estos últimos aún no se pide formalización.

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