Empresarios de renombre, políticos de todo el arco parlamentario, parientes de la Presidenta y hasta dirigentes del fútbol han desfilado este 2015 por los juzgados.
Considerado durante décadas un modelo de crecimiento y honradez, Chile se ha visto golpeado este año por la desaceleración económica y la caída de las inversiones, que junto a la corrupción que salpica la política y los negocios han sumido al país en una coyuntura de incierto desenlace.
Empresarios de renombre, políticos de todo el arco parlamentario, parientes de la Presidenta de la República y hasta dirigentes del fútbol han desfilado este 2015 por los juzgados para declarar por su presunta participación en fraude al fisco, lavado de activos, cohecho o delitos tributarios.
Tiempo atrás, la proverbial honradez chilena llegó a convertirse en un tópico que el régimen militar y los impulsores del neoliberalismo económico emplearon en su día como arma propagandística. Chile se veía a sí misma como «una bonita casa en un mal barrio».
Las privatizaciones de las empresas públicas llevadas a cabo durante la dictadura de Augusto Pinochet, sin embargo, fueron consideradas como un saqueo.
Pero con el restablecimiento de la democracia, Chile recuperó también la rectitud. El país siempre ha figurado en los informes de Transparencia Internacional como el menos corrupto de Latinoamérica, por delante incluso de algunos europeos.
Sin embargo, un flanco permaneció al descubierto, la separación entre el mundo de los negocios y la política, como reconoció en 2001 el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, cuando habló de la necesidad de «transparentar mucho más los gastos».
Los temores de quien luego fue secretario general de la OEA no eran infundados y a finales de 2014 comenzaron a aflorar situaciones que evidenciaban corrupción y tráfico de influencias.
Los casos Cascadas, Penta y Soquimich, hoy investigados por la fiscalía, salpicaron inicialmente a políticos conservadores y empresarios tradicionalmente vinculados con la derecha.
Pero la situación cambió cuando en enero se supo que Sebastián Dávalos, el hijo mayor de la presidenta Michelle Bachelet, también aparecía implicado en el caso Caval, un jugoso y cuestionado negocio inmobiliario por el cual está imputado.
La tardía y timorata reacción política del Ejecutivo le costó el puesto a la plana mayor del bacheleletismo (los ministros del Interior, Hacienda y Portavoz), quienes en mayo fueron defenestrados en medio de una crisis de gobierno sin precedentes.
Aunque las turbulencias políticas en Chile no son comparables a las que está ocasionando en Brasil la vasta red de corrupción detectada en la empresa estatal Petrobras, los analistas coinciden en que la cohesión del gabinete y la popularidad de la mandataria se han visto muy dañadas.
Por ello, la presidenta decidió tomar cartas en el asunto. En mayo cambió a la mitad del gabinete para afrontar la «crisis de confianza» y anunció una ambiciosa agenda anticorrupción que incluía un batería de medidas para elevar los niveles éticos de la política y la actividad empresarial.
Si bien es cierto que hasta el momento no ha habido casos de enriquecimiento personal de políticos, los ciudadanos castigan duramente la financiación ilícita de los partidos, como ponen de manifiesto todas las encuestas realizadas este año, en las que tanto el Gobierno como la oposición alcanzan mínimos históricos.
A la opinión publica también le exacerban las prácticas corruptas en el sector privado, como en el reciente «escándalo del papel higiénico», cuando en noviembre se supo que las empresas Pisa y CMPC -que controlan el 90 % del sector- se coludieron entre 2000 y 2011 para fijar cuotas de mercado y precios, con un perjuicio para los consumidores de 510 millones de dólares.
Este caso se suma a otros conocidos que afectan a las cadenas de farmacias, las navieras y los productores avícolas.
Pero a diferencia de las anteriores, esta vez las organizaciones empresariales han respondido con contundencia y han expulsado de su seno a las empresas implicadas.
La primera condena por estos delitos se produjo hace apenas tres semanas, cuando el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró culpable al exsenador y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jovino Novoa, y le condenó a tres años de presidio remitido por delitos tributarios.
Esta situación se une a una delicada coyuntura económica, con un país que crece a tasas bajas debido, fundamentalmente, a la caída del precio del cobre, que supone el 60 % de las exportaciones.
Ello ha obligado al Banco Central a recortar la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)en varias ocasiones a lo largo de este año, hasta situarlo en el 2,1 %.
En línea con las débiles perspectivas la economía y con una reforma laboral en ciernes, las inversiones de carácter privado muestran una caída sostenida, a pesar de los cual el empleo se mantiene en un sorprendente 6,3 % y no existe riesgo alguno de recesión.
