El rector dela Usach, Juan Manuel Zolezzi, fue enfático en señalar que la universidad no aceptará ninguna solución que se plantee a partir de la decisión del Tribunal Constitucional, ni tampoco las presiones políticas que representan los intereses privados de quienes transformaron a la educación en un bien de consumo.
En total desacuerdo se manifestó la U. de Santiago de Chile, en relación con la nueva propuesta que baraja el Gobierno para instalar la gratuidad en 2016, y que estaría dejando fuera a tres universidades del Estado cuya acreditación es de tan solo tres años y no cuatro, como se exigiría ahora.
El rector del plantel estatal y público, Juan Manuel Zolezzi, fue enfático en señalar que la universidad no aceptará ninguna solución que se plantee a partir de la decisión del Tribunal Constitucional, ni tampoco las presiones políticas que representan los intereses privados de quienes transformaron a la educación en un bien de consumo.
“Marginar a tres instituciones del Estado no puede ser una alternativa y no vamos a aceptar que esta medida sea una solución”, expresó el también director del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH) ante la posibilidad de que la Universidad de los Lagos, la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y la Universidad Arturo Prat, sean marginadas de la gratuidad.
Uno de los principales motivos que tiene la U. de Santiago para negarse a la nueva propuesta gubernamental es que a partir de 1991 ha demandado insistentemente, junto al resto de las universidades del CUECH, transformaciones profundas a la educación pública que incluyan la gratuidad, además de un trato preferente a las instituciones del Estado, tal como corresponde.
Según reiteró Zolezzi, las condiciones actuales en las que se encuentran las universidades estatales se deben exclusivamente a decisiones desacertadas, como a la inacción del Estado de Chile y es por ello que cualquier propuesta que busque la gratuidad debe poner a las universidades estatales en primer lugar y sin discriminar a ninguna.
“Si este es el trato preferente que la Presidenta quiere para las universidades estatales, no estamos de acuerdo”, concluyó el rector.
