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Personeros vinculados a Chile 21 salen al paso de carta de figuras DC contra reformas de Bachelet

por 11 enero 2016

Personeros vinculados a Chile 21 salen al paso de carta de figuras DC contra reformas de Bachelet
El documento "No puede haber progreso sin progresismo" firmado por Gonzalo Martner, Carlos Ominami y Francisco Vidal, entre otros, es en respuesta del texto "Progresismo sin progreso".

"Progresismo sin progreso", así se llama la carta firmada por 26 históricas figuras de la DC que emplazan al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet a corregir el rumbo y que lleva las rúbricas de Mariana Aylwin, Eduardo Aninat y Jaime Lavados.

La misiva fue rápidamente por otros demócratas cristianos que se cuadraron con La Moneda.

A una semana de aquello, es enviada otra carta. Esta vez, se trata de los ex concertacionistas Gonzalo Martner, Carlos Ominami y Francisco Vidal, Enrique Dávila, Gloria de la Fuente, Gonzalo Navarrete, Rafael Urriola y Raúl Vergara.

La misiva que lleva por nombre "No puede haber progreso sin progresismo" plantea -entre otros aspectos- la existencia de una actitud sistemática de sectores de la DC y de otras fuerzas políticas por obstruir en el Parlamento la realización del programa de reformas impulsado por el Ejecutivo, consigna hoy El Mercurio.

Texto:

Un grupo de personas vinculadas a la Democracia Cristiana ha tenido el mérito de plantear una discusión de fondo sobre las reformas emprendidas por el actual gobierno en el documento "Progresismo sin progreso".

Esta discusión es necesaria frente a la sistemática actitud de sectores del PDC -y también en menor medida de otras fuerzas políticas- que, no obstante haber firmado el programa de gobierno de Michelle Bachelet y ocupar numerosos y muy relevantes cargos en su administración, obstruyen en el Parlamento la realización de este programa de reforma y han hecho muy difícil la tarea de la Presidenta.

El segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se inauguró con un claro sello reformista apoyado por el 62% de los votos obtenidos en las urnas.

Se comprometió a establecer una nueva Constitución que sustituyera a la de 1980, que aunque muy reformada desde 1990, sigue teniendo un sello autoritario y una carencia de legitimidad que las significativas enmiendas de 2005 no subsanaron, propuesta frente a la cual los conservadores de la coalición han actuado para procurar que en el actual gobierno no se produzcan avances significativos.

Al mismo tiempo, la Presidenta Bachelet se propuso llevar adelante una reforma que hacia 2018 permitiera un incremento de 3% del PIB de la carga tributaria en base a impuestos a las utilidades empresariales y al consumo de alcohol, tabaco y actividades contaminantes. La introducción de un impuesto efectivo y completo a las utilidades no prosperó en la propia coalición de gobierno en el Senado y se produjo un acuerdo con la oposición que consagró cuatro sistemas de tributación a las utilidades de las empresas simultáneos de rendimiento incierto y tasas diferenciadas, aprobado en septiembre de 2014. La complejidad del sistema obligó al gobierno a mandar un proyecto parcialmente rectificatorio al terminar 2015. No obstante, el proyecto constituye un avance en la buena dirección.

Descarrilar el crecimiento. Las clarificaciones siempre serán útiles, en este caso frente a las reformas en curso: no estamos dispuestos a cualquier reforma que pudiera descarrilar el crecimiento y echar por la borda lo ya logrado. No estamos conformes con las que se están implementando, ni en contenidos ni en procedimiento. Esta idea no es en el fondo otra que la de que no debe regularse el capitalismo pues atentaría contra el crecimiento y es desde luego contradictoria con la gran referencia histórica del socialcristianismo, el modelo de "economía social de mercado" alemán emergido bajo el Canciller Erhard y prolongado por las gestiones de Kohl y Merkel. La Alemania de posguerra y de la actualidad incluye una tasa de tributación redistributiva elevada y una negociación colectiva por rama efectiva con crecimiento y bajo desempleo relativos, modelo que no parece gozar de simpatía alguna por parte de los firmantes del manifiesto.

Estamos una vez más en presencia del extendido argumento introducido en Chile con gran éxito por los seguidores de Milton Friedman desde los años cincuenta del siglo pasado en Chile según el cual serían antieconómicos tanto un sistema tributario progresivo (en el que los más ricos sostengan el gasto público con sus impuestos proporcionalmente más que los más pobres) como una negociación colectiva equilibrada de los salarios y las condiciones de trabajo en las empresas, una seguridad social que proteja del riesgo de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos básicos y un sistema de ingresos básicos universales para enfrentar la pobreza y la exclusión social.

El Estado por sobre los organismos intermedios y las personas.

La crítica de los autores del manifiesto al actual gobierno es eminente ideológica, pues le atribuye una supuesta preferencia por el Estado por sobre los organismos intermedios y las personas y privilegiar expandir el rol del Estado sobre la solución efectiva de los problemas que se enfrentan y de gestionar solo desde la cúpula burocrática. Es una continuidad con la idea de que la política pública solo debe proponerse asegurar un mínimo para que todos compitan en una supuesta cancha económica igualada, idea que desconoce cómo funcionan las sociedades contemporáneas y que en el mejor de los casos está construida por la obsesión miope con la eficiencia abstracta en la asignación de recursos. Igualar el gallinero para que compitan el zorro con las gallinas conduce a un solo resultado: el zorro se come sistemáticamente a las gallinas.

Los mercados globalizados no son la abstracción del modelo de la competencia perfecta, son construcciones dominadas por grandes empresas que evolucionan en estructuras de poder que les permiten reproducir economías de escala generalizadas, sustraerse con frecuencia de toda competencia y concentrar los ingresos en el proceso económico. Para que el capital concentrado no domine irremediablemente el mundo, los poderes públicos globales (cuasi- inexistentes) y los gobiernos nacionales no disponen de opciones muy distintas -excluyendo la solución estatizadora autoritaria que no produce ni democracia ni prosperidad- que la de hacer funcionar economías mixtas con un sector de bienes públicos al margen de los mercados y un sector de economía mercantil con fuerte regulación de los mercados de factores, capital y trabajo, y de bienes, con agentes económicos diversos.

Un problema político. Así, el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet enfrenta un problema político cada vez mayor con una parte de su coalición. La defensa de los subsidios a la demanda en las políticas sociales o la negativa a fortalecer la capacidad negociadora del mundo del trabajo se mezcla con muy concretos intereses instalados en la provisión privada de bienes públicos" establecida por la dictadura militar de 1973-1990 y solo parcialmente revertida desde entonces. El tema se origina tanto en el interior del gobierno -y en la falta de aptitud de algunos de sus principales miembros para el diálogo constructivo conducente a acuerdos sociales y parlamentarios- como en la pretensión de un sector minoritario de la coalición de imponer sus puntos de vista al resto.

Para terminar en buenas condiciones su segundo gobierno, la Presidenta Bachelet tiene el desafío de poner tanto límites a las pretensiones de parte de su tecnocracia de eliminar el espíritu reformista del gobierno y cercenar sus capacidades de construir gobernabilidad a los procesos de gestión pública, como al mismo tiempo indicar al sector minoritario de su coalición que no tiene un poder de veto frente a la legitimidad emanada de las urnas. No se puede querer estar simultáneamente dentro del gobierno y cercenar sus legislaciones principales comprometidas ante la opinión pública.

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