Opiniones divididas por eventual conflicto de interés
Elegido el 4 de diciembre como sucesor de Eliodoro Matte –quien renunció por el impacto público del requerimiento por colusión en contra de su empresa CMPC–, Enrique Barros defendió a Don Pollo, condenada por el TLDC y la Corte Suprema por concertarse durante diez años con otras dos avícolas para limitar la producción y asignarse cuotas de mercado. Y su estudio de abogados, Barros Letelier & González, tomó la defensa de SMU, acusada de coludirse para fijar precios mínimos del pollo junto a Walmart y Cencosud.
El 4 de diciembre, Eliodoro Matte presentó su renuncia indeclinable al cargo de presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP), que ostentaba desde 1987, debido al cuestionamiento público generado por el requerimiento de colusión en contra de su empresa CMPC y la sueca SCA (ex Pisa) en el mercado del tissue.
Ese día el comité ejecutivo del CEP propuso como sucesor a Enrique Barros, abogado ligado al CEP desde 1985, muy cercano a Eliodoro Matte y asesor histórico de CMPC. Fue elegido nuevo presidente en forma unánime por el consejo directivo del centro de estudios.
Dentro del ejercicio de su profesión, Barros fue el defensor de Don Pollo, requerida en 2011 por colusión junto a Agrosuper y Ariztía por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), lo que fue acreditado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con tal convicción que aplicó, por primera vez, la multa máxima a las dos empresas más grandes (Agrosuper y Ariztía), equivalente a 30 mil UTA (US$25,4 millones) cada una, y a Don Pollo, 12 mil UTA (US$10 millones), debido a los beneficios proporcionales que alcanzó por su menor tamaño, aunque dos ministros del TDLC estuvieron por fijarle la sanción máxima de 30 mil UTA.
Las tres empresas se concertaron durante, al menos, diez años para limitar la producción de pollos y asignarse cuotas de mercados, lo que fue coordinado por la Asociación de Productores Avícolas, que fue obligada a disolverse. La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema en octubre pasado.
[cita tipo= «destaque»]Un tercer integrante del consejo directivo asegura que la presencia de Barros en la presidencia no afecta la imagen del CEP, “nadie lo planteó en su minuto ni creo que lo vayan a plantear, porque la defensa de un cliente es parte de la profesión de un abogado. ¿Por qué Davor Harasic puede ser decano de Derecho de la Universidad de Chile si es abogado defensor de Penta?”.[/cita]
El 6 de enero la FNE presentó un requerimiento en contra de Cencosud, Walmart y SMU por coludirse entre 2008 y 2011 –a través de los productores de pollos– para fijar precios mínimos de venta al público, lo que atenta contra la libre competencia. El estudio Barros Letelier & González –del cual Enrique Barros es socio fundador– lleva la defensa de SMU, controlada por el empresario Álvaro Saieh, para la cual la FNE pidió la multa máxima de 30 mil UTA, al igual que para las otras dos cadenas. «Las requeridas (las tres cadenas de supermercados) adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas», sostiene el requerimiento de la FNE, que asegura que buscaron evitar una guerra de precios de modo de obtener mayores ganancias.
Barros explicó a El Mostrador que “SMU contrató a mi estudio mucho antes de asumir como presidente del CEP, yo no voy a tomar el patrocinio de la causa, la van a llevar dos socios de la oficina, Francisco González, litigante, y Andrés Rioseco, experto en libre competencia. Y una cosa es lo que haga SMU y otra es que tenga derecho a defensa”. SMU también contará con los servicios de su estudio de cabecera Prieto y Cía., y del socio Benjamín Grebe, experto en libre competencia.
“No estoy siguiendo juicios, sino en una etapa centrada en lo académico: el CEP, la Universidad de Chile (donde es profesor de derecho civil) y mi profesión, realizando estudios en derecho y arbitrajes. Mi nuevo rol en el CEP es coincidente con eso, aunque fue una decisión anterior. Es bueno tener claro que un conflicto de interés se produce cuando el ejercicio de una función pone en riesgo el ejercicio de otra función, lo que no ocurre”, aclaró el abogado, histórico miembro del comité ejecutivo y del consejo directivo del CEP, para el cual redactó los nuevos estatutos que lo rigen desde mayo de 2015. Sobre Don Pollo precisó que es “un caso terminado” y su papel se remitió a alegar en la Corte Suprema a petición de Ramón Covarrubias, propietario de la avícola. “Fue la última causa que alegué”, puntualiza.
“La presencia de un abogado, cuyo estudio está defendiendo un tema tan controvertido (como la colusión) en la presidencia del CEP, se contradice con la naturaleza de un centro de estudios que dice ser partidario del libre mercado y la libre competencia”, afirma Carlos Huneeus, director del Cerc.
El subdirector de la ONG Ciudadano Inteligente, Rodrigo Echecopar, por su parte, afirma que “afecta la credibilidad del CEP, porque el interés personal de Enrique Barros está en que su estudio de abogados gane el juicio y estos juicios se ven por gran parte de la ciudadanía como un intento por recuperar la confianza en el sistema de libre mercado y Barros, obviamente, está jugando el rol de defender, a través de su oficina, a uno de los acusados”. Agrega que no existe un conflicto de interés, porque eso implica que “el poder o influencia que le entrega estar en un espacio pudiera ser usado a favor del interés que tiene en otro espacio”.
Desde el interior del CEP opinan tres miembros del consejo directivo, el cual está compuesto por 23 personas y es el encargado de elegir al presidente que dura tres años en el cargo. “Las empresas productoras de pollos tenían argumentos para defenderse y Barros pensó que Don Pollo no había incurrido en un delito. La justicia no le dio la razón. Si se la hubiese dado, ¿estaría legitimado? Por lo demás, hay muy pocos abogados expertos en libre competencia en Chile”, sostiene uno de sus integrantes.
Otro plantea que “preferiría que no tuviera ningún conflicto, ni remoto ni mediato, con ningún tema de competencia; preferiría que el estándar fuera un poquito más exigente”. Pero agrega que Barros estaba ejerciendo su profesión cuando defendió a una empresa requerida por colusión (Don Pollo). “¿Si hubiera ganado, ¿existiría el reproche?”, plantea.
Un tercer integrante del consejo directivo asegura que la presencia de Barros en la presidencia no afecta la imagen del CEP, “nadie lo planteó en su minuto ni creo que lo vayan a plantear, porque la defensa de un cliente es parte de la profesión de un abogado. ¿Por qué Davor Harasic puede ser decano de Derecho de la Universidad de Chile si es abogado defensor de Penta?”.
