Abogado de políticos implicados en casos Penta y SQM cuestiona el rol del SII y dice que “ha tenido una conducta errática que resulta difícil entender”

El abogado Alejandro Espinoza, quien defiende a varios políticos implicados en los casos Penta y SQM como el senador Fulvio Rossi, Pablo Longueira y Carlos Ominami, cuestionó el actuar que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos (SII), señalando que este organismo “ha tenido una conducta errática que resulta difícil entender”.

En entrevista con La Tercera, Espinoza señala que se ha construido un mito respecto a la complejidad de tales causas, puesto que “el Ministerio Público puede obtener los antecedentes a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), u otros organismos públicos como la Unidad de Análisis Financiero. No creo que estas causas sean de especial complejidad frente a otras causas económicas que puede enfrentar el Ministerio Público”.

También descarta las posiciones de algunos comentarios de fiscales respecto a que Penta y SQM son los casos más complejos desde la Reforma Procesal Penal, mencionando que “creo que han existido muchos casos dentro de la Reforma Procesal Penal donde hay valores jurídicos bastantes más importantes que éstos, por ejemplo, la vida de las personas, o la salud de las personas. El derrumbe del edificio Alto Río fue un caso desde el punto de vista técnico y jurídico de extrema complejidad, establecer las causas del colapso fue un gasto para el Estado y para las defensas gigantesco, y ahí habían involucradas vidas de personas. No comparto la opinión de que éstas sean las causas más complejas que han existido dentro de la reforma”.

“Creo que la fiscalía y los organismos del Estado tienen la obligación de administrar racionalmente los recursos. Sin desmerecer la importancia de estas causas para la opinión pública, también hay que ver que en Chile estamos viviendo muchos delitos contra las personas donde se está arriesgando la vida e integridad de ciudadanos, y también respecto de esas causas, por ejemplo, robos con homicidio que están sin resolver o delitos terroristas, se podrían emplear los cuantiosos recursos y de la envergadura que se han empleado en estas causas políticas”, explica.

Sobre la primera condena del caso Penta al ex senador UDI Jovino Novoa, el abogado señala que “resulta difícil opinar respecto a cuáles fueron las razones últimas que tuvieron Jovino Novoa y su defensa para tomar las decisiones que tomaron. En mi opinión, hay aspectos jurídicos que se pueden discutir en estos casos, incluso reconociendo -estoy hablando en general- que los servicios no se hubieren prestado, creo que no necesariamente el solicitar financiamiento para las campañas y recibirlo significa automáticamente la comisión de un ilícito tributario. Pueden pesar muchas otras razones para que una persona vaya a un procedimiento abreviado, por ejemplo, cerrar el capítulo y evitar la exposición pública constante que significa someterse a un juicio oral”.

En cuanto a la sensación que hay en la opinión pública de que no se hizo justicia con la condena a Novoa, Espinoza sostiene que “los casos han llegado a resultados y no comparto la apreciación de que los delitos tributarios tengan una pena no muy alta, tienen penas bastante altas. Tiene que considerarse el caso concreto, el sujeto imputado puede tener irreprochable conducta anterior, puede haber colaborado con la investigación, puede haber pagado los impuestos involucrados y eso configura circunstancias aminorantes de responsabilidad que deberían ser consideradas por el tribunal al fijar la pena. Todos esos aspectos técnicos a veces la opinión pública no los comprende adecuadamente, pero me parece correcta la legislación y como se ha actuado en el caso respectivo”

Y sobre el rol del SII en dichas causas, la opinión del abogado es dura. “El SII ha tenido una conducta errática que resulta difícil de entender. Resulta muy difícil para los abogados entender cuáles son los criterios objetivos que se están ocupando para ejercer acción penal por delitos tributarios en estas materias. Resulta muy grave que se instale la sospecha de que hay criterios que escapan a lo estrictamente jurídico, lo que sería extremadamente problemático para el país”, afirma.

En ese sentido, argumenta que estos casos marcan un antes y un después en el financiamiento de la política, debido a que “hay un juicio público mucho más riguroso y estricto respecto a los políticos”.