Sábado, 30 de julio de 2016Actualizado a las 16:30

Señala Javier Couso, abogado constitucionalista de la UDP:

Anulación de la Ley de Pesca: “La gente que dice que este debate va a producir desempleo o caos, hace una campaña del terror”

por 22 enero 2016

Anulación de la Ley de Pesca: “La gente que dice que este debate va a producir desempleo o caos, hace una campaña del terror”
Para el  director del Programa de Derecho Constitucional de la UDP, “no puede pretenderse que algo aprobado bajo un procedimiento viciado sea inmodificable simplemente porque sí, eso es peligrosísimo para la democracia representativa, más aún en tiempos donde se cuestiona el valor de esta”. Eso sí, aclara que la fórmula de la anulación de la “Ley Longueira” impulsada por el PC, es “jurídicamente incorrecta, pero de buenas intenciones, totalmente aplaudibles".

Abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Berkeley, a Javier Couso le llama la atención la ausencia de “una cobertura más balanceada” por parte de los medios de comunicación escritos a la hora de debatir la revisión de la polémica Ley de Pesca, conocida como 'Ley Longueira'.

La norma, aprobada en diciembre de 2012, enfrenta una petición de anulación en el Congreso, que el martes pasado fue declarada admisible. La propuesta impulsada por la bancada PC enfrenta duros cuestionamientos, que van desde los gremios pesqueros, la CPC y parlamentarios -ligados principalmente a la DC y la UDI- hasta el propio Gobierno, que ha señalado que la moción es inconstitucional, por lo que no descartaría recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

En opinión del director del Programa de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP), “ha sido desequilibrada la forma en que se ha cubierto este problema”, lo que vivió en carne propia, luego de que esta semana fuera citado brevemente en una nota de El Mercurio donde su opinión fue usada para respaldar el punto contrario: el de la incerteza jurídica que eventualmente generaría el derogar la ley.  En una carta enviada a ese medio el jueves, Couso aclaró que su declaración no fue transcrita íntegramente y esto hizo que cambiara su sentido por completo.

En entrevista con El Mostrador, el también miembro del comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Derechos Constitucionales, se explaya sobre su posición respecto a la controvertida 'Ley Longueira' y hace hincapié en los peligros que puede traer a nuestra democracia su mantención sin cuestionamiento alguno. “Me ha parecido increíble que en un momento en que el Parlamento se encuentra en una estima bajísima por parte de la ciudadanía no se esté teniendo una visión más de largo plazo, en cuanto a que, si existe la menor duda de que esta ley fue lograda a partir del cohecho a parlamentarios, esta debe revisarse”, asegura.

-¿En Chile el Congreso puede anular una ley?
-Desde el punto de vista técnico-jurídico, no le corresponde anular leyes. En algunos países esto existe, pero en Chile no es parte de nuestro ordenamiento constitucional. El único órgano que puede declarar que una ley debe ser expulsada del ordenamiento jurídico es el Tribunal Constitucional, cuando se produce una acción de inconstitucionalidad, que es algo que viene después de la acción de inaplicabilidad. En Chile, el Parlamento no puede anular leyes. Puede aprobar, enmendar o derogar.

 -¿Y entonces por qué se habla de anulación? ¿Por qué la propuesta que entra a la Mesa de la Cámara de Diputados habla de anular?
-Es un error jurídico producto del entendible escándalo que se produjo en algunos parlamentarios al advertir lo que en derecho comparado se entiende como “regalos regulatorios”: esto es cuando a un sector productivo tú le otorgas el monopolio en la extracción de recursos naturales. Eso a veces puede ocurrir y puede ser hasta razonable, pero cuando tú haces eso debes estar completamente seguro de que el proceso no estuvo viciado por el cohecho. El camino tomado por los parlamentarios me parece jurídicamente incorrecto, pero de buenas intenciones, totalmente aplaudibles. Ellos quieren revisar una ley que entrega enormes beneficios económicos a un grupo de empresas, de las cuales existen presunciones fundadas de que algunas de ellas pagaron a parlamentarios para aprobar la ley. La gente que dice que este debate va a producir desempleo o caos, hace una campaña del terror, a mi juicio.

“Lo que está diciendo el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio es que básicamente, dada la incertidumbre que crearía el modificar la Ley de Pesca, hay que quedarse con la que tenemos, con una ley que probablemente fue aprobada con cohecho. Eso a largo plazo contribuye a hundir nuestra democracia. Si establecemos el precedente de que no importa que una ley haya sido aprobada con compra de votos de parlamentarios, aunque la ley fuera buena, sería indefendible”.

 -Sobre ese punto, en el caso de que hubiese una derogación de la ley, ¿qué asidero real tienen las amenazas de la industria pesquera y sus partidarios, que advierten que colapsarían los recursos y aumentaría el desempleo, entre otros problemas?
-Pero es que la gracia de nuestro sistema sin anulación es ese. No es que tú derogues y no quede nada, sino que cambias una ley por otra, derogas una ley anterior para sustituirla por otra posterior. Lo que debiese hacer el Congreso a mi juicio es, ya que hay sospechas razonables de que hubo vicios en el origen de esta ley, revisar o modificar la ley. Esto afecta nuevamente la legitimidad del Parlamento, y sin Parlamento no hay democracia. Es evidente que el Gobierno debiera proponer al Congreso una modificación de la Ley de Pesca.

Y todos los planteamientos que dicen que con esto aquí viene el fin de los tiempos, son completamente especulativos. Lo que está diciendo el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio es que básicamente, dada la incertidumbre que crearía el modificar la Ley de Pesca, hay que quedarse con la que tenemos, con una ley que probablemente fue aprobada con cohecho. Eso a largo plazo contribuye a hundir nuestra democracia. Si establecemos el precedente de que no importa que una ley haya sido aprobada con compra de votos de parlamentarios, aunque la ley fuera buena, sería indefendible. No puede pretenderse que algo aprobado bajo un procedimiento viciado sea inmodificable simplemente porque sí, eso es peligrosísimo para la democracia representativa, más aún en tiempos donde se cuestiona el valor de esta y se debate si no sería mejor una democracia directa o de tipo asambleario. Si queremos una democracia representativa debemos estar absolutamente seguros de que nuestros representantes no son comprados por intereses particulares.

-¿Pero cómo puedo comprobar en la práctica que una ley tiene un origen espurio, viciado?
-Evidentemente hay un problema de tiempos, los tiempos judiciales son lentos. Fíjate lo que nos hemos demorado para saber que probablemente el senador Orpis votó a favor de esta ley después de haber recibido dinero de una de las empresas beneficiadas con ella. Todavía no está acreditado judicialmente, pero está desaforado por eso. También sabemos que la diputada Isasi hizo algo así. Pero el Parlamento no puede esperar otros cinco años hasta que se acredite a todas las personas que fueron cohechadas. Lo que yo haría es asumir, como cualquier persona razonable, que aquí hay algo irregular, que aquí hay dos parlamentarios, Isasi y Orpis, que pudieron haber votado influenciados por el dinero de estas empresas y que, por lo tanto, es urgente que se revise esta ley. Modificarla con la tranquilidad de que esta vez se hace de cara al país. Hoy tenemos razonables dudas de que esto pudo haber nacido de un procedimiento viciado. Yo, en mi carta a El Mercurio, no digo que lo sepa, pero digo que una persona razonable puede tener dudas a la luz de los antecedentes. Lo que no sería razonable es decir “no, aunque ya hay dos parlamentarios que aparecen involucrados en pagos hechos por estas empresas y que votaron a favor de esta ley debemos hacer oídos sordos y hacer como si nada hubiese pasado”.

-Desde el punto de vista jurídico, ¿tiene un sustento la defensa que personeros de la UDI, como Ernesto Silva, han hecho de la ley?
-No puedo estar más en desacuerdo con el diputado Silva. No hay ningún desorden jurídico en que la misma Cámara que aprobó un marco regulatorio, lo revise a la luz de antecedentes que ponen una razonable duda sobre este marco. En ningún país del mundo es considerado un desorden que un determinado esquema regulatorio sea revisado y eventualmente modificado. En derecho las cosas se deshacen de la misma manera que se hicieron. El Congreso chileno no puede anular leyes, pero sí derogarlas por leyes nuevas, y eso no sería ningún caos. Pensar que modificar los marcos regulatorios es un caos es algo inaceptable en un Estado constitucional de derecho. En estados democráticos se considera normal que el Congreso revise la legislación vigente y eventualmente la modifique. Sorprende que se deba decir algo tan obvio.

-¿Entonces se podría inferir que el fondo de la defensa de la UDI es que ellos están contentos con la Ley de Pesca y no quieren que se modifique?
-Evidente, eso es lo único que yo puedo concluir. Pero hay algo peor. Yo podría estar total y completamente de acuerdo con este modelo regulatorio, cosa que no es así -aunque podría estarlo- pero, dado que hay razonables dudas de que se aprobó con un procedimiento viciado, pedir su revisión. Porque me preocupa la integridad del proceso jurídico. Me sorprende que los parlamentarios no le tomen el peso a esto, porque el daño que se le hace a la institucionalidad es enorme, estamos corriendo el riesgo de que en las próximas elecciones concurra a votar el 30% de la población. Te voy a poner un ejemplo: en Italia el sistema completo de partidos colapsó por compra de votos y acabó apareciendo un populista que se quedó por 20 años, llamado Silvio Berlusconi. ¿Sabes lo que precedió a la crisis del 2001 en la Argentina? La compra de votos de senadores por parte del Gobierno de Fernando de la Rúa.

-En otra declaración, Ernesto Silva hizo un llamado a abrir un debate sobre cuáles deben ser los alcances del delito de cohecho en nuestra legislación, dando a entender que no podía ser que cualquier cosa dentro de la labor parlamentaria pudiese acabar siendo definida como cohecho. ¿Esto tiene algún asidero?
-El Código Penal tipifica el delito de cohecho. Quisiera separar la pregunta que tú haces en dos puntos. Uno es el estrictamente jurídico, sobre si el cohecho alcanza o no a los parlamentarios, y otro punto, que es si debiera o no alcanzarlos. El cohecho es solicitar o aceptar dinero por un servicio que prestas como funcionario público. Hay razones para pensar, desde el punto de vista estrictamente penal, que un parlamentario no es funcionario público, pero sin embargo la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó por amplia mayoría desaforar al senador Orpis por la imputación de cohecho. Supongamos por un solo segundo que el diputado Silva tiene razón y no la Corte. Esto sería aún peor para el ejercicio del Parlamento, porque significaría que si un congresista no puede caer legalmente en cohecho, entonces no habría nada que hacer frente a eventuales compras de votos. La Corte de Apelaciones de Santiago discrepa abrumadoramente del diputado Silva, pero, aunque él tuviera razón, sería aún más catastrófico para la salud de nuestra democracia. ¿Cómo va a ser razonable que algo que atenta contra el corazón del principio democrático no sea sancionado penalmente y, en cambio, un funcionario al que se le pagan diez mil pesos para hacer un trámite más rápido sí se le juzgue bajo el delito de cohecho?

-En su opinión, ¿la Ley de Pesca tiene un origen viciado?
-Hay antecedentes que plantean dudas razonables acerca de la forma en que se aprobó esa ley y, por tanto, debe ser revisada. Sería negligente de parte del Congreso no revisar una legislación que otorga tan importantes beneficios y frente a la cual cualquier ciudadano razonable se enfrenta a la duda de que pudo haber un procedimiento viciado.

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