Es parte del nuevo sistema de financiamiento estatal que comenzará a regir 15 días después de promulgada la ley de fortalecimiento de la democracia.
Este miércoles, el Congreso despachó dos proyectos emblemáticos de la agenda de probidad: la nueva Ley de Partidos Políticos y la Ley de Fortalecimiento de la Democracia.
Las iniciativas obligarán a todas las colectividades y candidatos a cumplir con las nuevas exigencias. Entre otras, no recibir aportes reservados o de empresas.
Tal como consigna hoy La Tercera, la vulneración de las reglas conllevará penas de cárcel o la pérdida de los cargos.
Por su parte, los partidos políticos tendrán acceso a un nuevo sistema de financiamiento estatal que comenzará a regir 15 días después de promulgada la ley de fortalecimiento de la democracia. Es decir, a partir de abril.
Esto significa que el Estado -a partir de ese momento- distribuya poco más de $6 mil millones entre todos los partidos que estén legalmente constituidos y que vayan cumpliendo con las nuevas exigencias.
Esto, implica que para recibir los recursos, las colectividades deberán refichar a sus militantes en un plazo de 12 meses desde promulgada la ley, y los partidos emergentes deberán estar constituidos en tres regiones contiguas o en ocho a lo largo del país.
En tanto, el Servicio Electoral (Servel) será el encargado de otorgar trimestralmente el financiamiento.
La nueva ley deja por establecido que la distribución de los recursos estatales será a través de dos modalidades. Un 20% del total corresponderá a un aporte basal, que se repartirá linealmente entre todos los partidos constituidos, independiente de su representación parlamentaria.
No obstante, se considerará el número de regiones en que está constituida la colectividad para determinar el monto a entregar.
El resto del fondo se distribuirá proporcionalmente a las colectividades, de acuerdo a los votos que haya obtenido cada partido en la última elección de diputados.
