«Creemos que estos hechos son graves, alteran gravemente las actividades económicas, la seguridad pública y, por ende, perturban el Estado de derecho», señaló el abogado de la gobernación provincial de Arauco, Gabriel Macheo.
El gobierno se querelló por los hechos de violencia que se registraron el pasado viernes en la localidad de Tirúa, donde fueron quemados dos minibuses que trasladaban trabajadores de una forestal.
Según Radio Cooperativa, la acción judicial fue ingresada en el Juzgado de Garantía de Cañete invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado con el fin de endurecer las penas en contra de los responsables que aún no han sido detenidos.
«La idea de esta querella es invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado porque creemos que estos hechos son graves, alteran gravemente las actividades económicas, la seguridad pública y, por ende, perturban el Estado de derecho», señaló el abogado de la gobernación provincial de Arauco, Gabriel Macheo.
Esta ley dictada en 1958, permite a los tribunales de justicia acelerar los procesos, pudiendo dictar sentencia con mucha mayor rapidez.
Todas aquellas personas que fueron condenadas por delitos previstos en esta ley quedan inhabilitadas para ejercer cargos y oficios públicos, de acuerdo con las normas del Código Penal.
En tanto, el Ministerio Público encargó las diligencias, por estos hechos, a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en Concepción.
