«Lo que viene a continuación es que el Ministerio Público solicite formalmente el desafuero del diputado Urizar ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, en paralelo, también presente la acusación respectiva», dijo el fiscal Rebeco.
La Fiscalía Regional de Valparaíso solicitó el desafuero del diputado socialista, imputado en el caso «fraude a la Intendencia de Valparaíso 2.0». Desde marzo del año pasado está formalizado porque habría usado 58 millones de pesos para campañas políticas los dineros estaban destinados a distintos proyectos, esto mientras Urízar era consejero regional.
Según informa La Tercera, la solicitud, realizada por los fiscales Claudio Rebeco y Patricio Toro -ambos persecutores de la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso-, también incluyó una solicitud al Tribunal de Garantía de Valparaíso de suspender su investigación mientras la Corte resuelva el desafuero del parlamentario.
«Lo que viene a continuación es que el Ministerio Público solicite formalmente el desafuero del diputado Urízar ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, en paralelo, también presente la acusación respectiva», dijo Rebeco.
«Lo primero es conocer del desafuero. La Corte tendrá que establecer si hay antecedentes suficientes que permitan llevar adelante y llevar a juicio al diputado Urízar y, si logramos pasar con éxito esa etapa, vamos a tener juicio oral respecto del señor Urízar y los otros imputados en la causa», añadió el persecutor.
El diputado señaló que “no hay ninguna boleta, ninguna factura, ningún depósito, ningún comprobante, ningún mail, ningún llamado telefónico, nada que me implique a mí, a que hayan ido a parar algún tipo de recursos a mi campaña política o a mi bolsillo o a una cuenta corriente mía”. Y agregó: “Es una denuncia y una formalización con pruebas de muy bajo nivel”.
Además, dijo que esto forma parte de la «moda» sobre la «persecución al mundo político, «y yo soy parte de este tema, tendré que asumirlo» añadió.
Según La Tercera, de resolverse el desafuero, el Ministerio Público pedirá una condena de cinco años de presidio y el reintegro de la mitad del monto defraudado (es decir, alrededor de $ 30 millones).
