El organismo respondió un requerimiento presentado por el municipio de Panguipulli.
La Contraloría General de la República respondió un requerimiento presentado por el municipio de Panguipulli, en la Región de los Ríos, que pidió analizar la legalidad de las llamadas farmacias populares, con el fin de poder replicarla.
Al respecto, el organismo contestó que «es en el marco de las acciones que ejecutan las farmacias pertenecientes a los establecimientos de atencion primaria de salud municipal, que existe habilitación legal para expender medicamentos con una finalidad de salud pública”.
«Tratándose de la instalación y operación de farmacias al margen de dichos establecimientos asistenciales, cumple con hacer presente que no existe una norma legal que autorice a los municipios a realizar aquello, de modo que (…) no corresponde que tales entidades edilicias desarrollen la actividad», dejó en claro el ente contralor.
En otras palabras, en la medida que la venta de remedios se haga a través de las farmacias pertenecientes a los establecimientos municipales de atención primaria y con fines de salud pública, esa acción estará dentro de la norma legal.
En ese sentido, la directora (s) del Instituto de Salud Pública (ISP), Pamela Milla, dijo a La Tercera que el dictamen de Contraloría valida “la facultad de los municipios para expender los medicamentos en las farmacias que se instalen, en el marco de la salud pública y no del lucro”.
En ese sentido, explicó que la resolución no reprueba la administración de las farmacias operativas, pues “dice que deben estar a cargo de las municipalidades, en cuanto la municipalidad da atención primaria de salud”.
Nadia Monsalve, asesora jurídica de la Municipalidad de Panguipulli, aseguró que por lo que entiende del dictamen es que “las farmacias que no estuvieran ligadas al consultorio, no estarían dentro del marco legal”.
“Contamos con una farmacia de consultorio, por lo que, según el dictamen, cumpliríamos con la norma para implementar este recinto”, declaró.
La resolución de Contraloría podría traer consigo cambios en la administración de las seis farmacias que hoy se encuentran operando en Recoleta, San Ramón, Huechuraba, Viña del Mar, Rengo y Coltauco y en las cerca de 50 que abrirán este semestre. Ya que no todas operan bajo los establecimientos de atención primaria de salud y están reguladas por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dijo que en el caso de su iniciativa (la primera) se trata de “un programa social que está en doble dependencia; tiene una dependencia de Salud y al mismo tiempo está alojado como programa social en la Dideco, que incorpora salud y educación, por lo tanto esta tal como lo pide la Contraloría”.
