Rina María Montt Marchant fue condenada a cumplir la pena de 41 días de presidio y al pago de una multa de 6 UTM por el «ejercicio ilegal de la profesión», tras ser apuntada por la UDI y Nelson Ávila como «inductora de las acusaciones de algunos menores a políticos».
Rina María Montt Marchant, psicóloga que se desempeñaba en el Sename y llevó el denominado caso Spiniak, presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que busca impugnar «el eventual uso de pruebas falsas en su contra» y en el que solicita la reapertura del caso.
En septiembre de 2012, Montt fue condenada a cumplir la pena de 41 días de presidio y al pago de una multa de 6 UTM por el «ejercicio ilegal de la profesión», tras ser apuntada por la UDI y Nelson Ávila como «inductora de las acusaciones de algunos menores a políticos», según indicó a Cambio 21.
«El ex senador Nelson Ávila, le dijo a (Pablo) Longueira que yo los había implicado en la causa. A mí me culparon por los informes que hizo Patricia Vera (otra profesional del Servicio Nacional de Menores). Mil veces traté de hablar con Jovino Novoa, (pero) siempre me miraron como si yo fuese basura», aseguró la psicóloga que vive en el extranjero.
Montt acusa la existencia de un falso testimonio en el proceso de investigación: «Se adulteró mi testimonio prestado judicialmente», explicó, razón por la que solicita la reapertura del caso. Explicó que el 15 de octubre de 2005 fue interrogada «bajo la ausencia de las más mínimas condiciones y garantías de un debido proceso», diligencia en la cual habría participado «personal de inteligencia de Carabineros de Chile», cuando la jueza Eleonora Domínguez no estaba presente.
«La juez Eleonora Domínguez inició el interrogatorio preguntándome por Sebastián Piñera y su participación en este caso, cosa que no tengo idea. Luego abandonó la sala, dejándome a merced de estas tres personas. Lo tenían todo planificado, ya que el señor Alveal era oficial de la Oficina de Inteligencia Policial. Este me mostró 3 firmas fotocopiadas sin poder ver a cuál documento correspondían. Él no es ni fue funcionario de tribunales y se permitió interrogarme y torturarme sin contar con autorización para ello», relata.
«No pretendo limpiar mi nombre, solo pretendo que se haga justicia, por si algún día deseo volver a Chile, deseo poder trabajar sin que nadie me apunte como una delincuente. Estuve 9 años de mi vida siendo denostada gratuitamente, nueve años de mi vida firmando como una delincuente, 5 años siendo buscada por Interpol. Mi padre murió de pena y ni siquiera pude ir a su funeral. No, perdona, nadie merece esto», finalizó Montt.
