Salió a fijar la postura de La Moneda
Desplegando una extensa explicación jurídica, el ministro del Interior retomó el discurso institucional que ha tenido el gobierno respecto de las causas judiciales por financiamiento irregular y que solo experimentó un giro ayer en las palabras del vocero de Palacio. El titular de Interior tampoco quiso opinar sobre Longueira, como sí lo hizo en su momento sobre el ex jefe administrativo de La Moneda.
El ministro del Interior Jorge Burgos fue consultado hoy sobre la situación que afecta al ex senador Pablo Longueira, quien –según reconoció el fiscal del caso SQM– es investigado por un posible delito de cohecho, particularmente por los correos que demuestran cómo se digitó una indicación al proyecto de impuesto a las mineras desde las oficinas del ex gerente Patricio Contesse.
Ayer el vocero Marcelo Díaz adoptó una postura clara al respecto, opinando directamente sobre el caso, al afirmar que «los antecedentes que hemos conocido son graves, son delicados, no solamente desde la perspectiva política, en la que creo que cada uno tendrá que sacar sus conclusiones y particularmente algunos tendrán que dar algunas explicaciones, pero además, tiene una connotación jurídica», dijo.
Hoy Burgos volvió al discurso templado y estrictamente institucional: «Yo he tenido una línea permanente que a ustedes, con todo el derecho del mundo, puede gustarles o no, pueden interpretarla. Yo creo que lo importante en un Estado de Derecho, en una República, es que las instituciones que están destinadas a investigar posibles hechos ilícitos, investiguen. Lo hagan con la autonomía que les concede la ley, la Constitución, puedan ejercer la decisión que tomen respecto de perseverar en una investigación desformalizada, convertirla en formalizada y seguir adelante los procesos conforme a la ley, haciendo valer las pruebas para entender que hay participación punible de las personas. Que las personas que son imputadas, como corresponde en un Estado de Derecho, tengan derecho a la defensa», manifestó Burgos.
El ministro justificó su posición desplegando una serie de argumentos jurídicos. «Eso es lo que le corresponde decir a un ministro del Interior de una República que es un Estado de Derecho. Lo trascendente aquí es que todos tengan la posibilidad, y particularmente quien tiene la exclusividad de la persecución penal en nuestro país, que desde que se implementó el nuevo sistema procesal penal es el Ministerio Público, puede hacerlo: recurrir cuando corresponda a los jueces de garantía, a los tribunales orales o las Cortes de Apelaciones o, incluso, a la Suprema cuando hay recursos de última instancia en el proceso penal, para hacer valer los antecedentes que a su juicio ameritan participación punible. Y por cierto, también, las personas imputadas puedan hacer valer sus derechos procesales», explicó.
Por último, Burgos derechamente se desmarcó de la opinión expresada por Marcelo Díaz ayer. «Soy el ministro del Interior y tengo un rol distinto al del vocero. Como siempre, y en eso he tenido una conducta permanente, a mí me interesa que la institucionalidad pueda cumplirse, esa es la palanca central del Estado de Derecho y podemos estar orgullosos de eso», dijo, y ante nuevas consultas de la prensa, insistió: «Yo no estoy para dar opiniones personales, si fuera un ciudadano de a pie podría dar opiniones», concluyó.
Esta posición es distinta respecto a la actuación de Burgos durante el caso que afectó al ex jefe administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme. sobre quien en su momento, deslizó críticas a partir de su declaración de intereses incompleta y, en efecto, tuvo un rol clave en su salida del Gobierno.
