La empresa constructora brasileña que le facilitó un jet privado a MEO está bajo la lupa en Perú, Argentina y Uruguay.
Eventuales actividades ilícitas vinculadas al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraude en licitaciones son algunas de las materias por la que se investiga a la empresa constructora brasileña OAS en Perú, Argentina y Uruguay.
Según consigna revista Que Pasa, la firma que le proporcionó a Marco Enríquez-Ominami un jet privado para su campaña presidencial en 2013, que no fue rendido como gasto ante el Servel, se encuentra en el ojo del huracán en todas esas naciones por cuanto son ramificaciones del caso Lava Jato que está sacudiendo la política de Brasil.
La Fiscalía argentina pidió antecedentes a la Tesorería General de la Nación para investigar licitaciones en el Ministerio de Planificación, mientras en Perú la Fiscalía Anticorrupción tiene un expediente enviado desde Brasil por supuestas coimas a autoridades peruanas. En tanto, el Congreso uruguayo abrirá una comisión investigadora por irregularidades en la construcción de una planta gasificadora.
Las miradas ahora está puestas en Chile, despertando las dudas sobre las verdaderas razones de la fugaz visita de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff a Chile el 26 de febrero pasado. Tanto fue así que tomó por sorpresa a la presidenta Bachelet y su equipo de avanzada presidencial, que tuvo que diseñar en tiempo récord una improvisada agenda con políticos y empresarios de la que poco se informó a la prensa.
Fuentes diplomáticas y políticas, consultadas por la revista, piensan que la mandataria brasileña viajó en busca de antecedentes para medir el alcance de las investigaciones a esta y otras empresas constructoras, de gran presencia en toda América Latina, incluyendo Chile.
El Ministerio Público de Brasil accedió a colaborar con Perú entregando información -documentos y testimonios- que revelarían eventuales coimas que el llamado “Club”, como se denomina en Brasil al grupo de empresas brasileñas involucradas en Lava Jato, habrían pagado a autoridades de ese país para asegurar contratos de obras públicas.
El «Club» estaría integrado por el grupo Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Techint, OAS, entre otras.
En Argentina, la Fiscalía inició una investigación a cerca de 100 empresas, entre ellas varias de Brasil, ante denuncias por delitos de sobornos hacia algunas autoridades trasandinas.
En la Provincia de Córdoba parlamentarios han solicitado se abra una completa investigación en torno a los contratos suscritos por el ex gobernador Manuel de la Sota con firmas brasileñas en la ejecución de diversas obras públicas, como por ejemplo la instalación de gaseoductos, según consignó el Diario La Nación.
En Uruguay, el diputado nacionalista Pablo Abdala solicitó abrir una investigación en contra de OAS por incumplimiento de contrato. El parlamentario acusa que Lula habría incidido para que se diese participación a OAS en la obra de la regasificadora: «No está probado pero cuando lo plantée en el Parlamento nadie del gobierno nunca me desmintió, ni dijo que era un disparate. Es por lo menos llamativo».
«Sí está comprobado que Lula se interesó por la marcha de los negocios de OAS en Chile”, agregó, aludiendo a las ramificaciones que puede tener la causa.
La investigación llevada a cabo en Brasil constató que OAS utilizó sociedades en Chile y Perú para el lavado de dinero, aunque el capítulo de nuestro país no está lo suficientemente desarrollado o no ha sido conocido públicamente aún, dice Qué Pasa.
La firma se adjudicó en 2013, junto a la empresa coreana Hyundai la licitación de la construcción del puente sobre el Canal de Chacao por un monto de $360 mil millones.
