Ex Secom de la Mandataria ahora trabaja en cuestionada consultora de Enrique Correa
A diferencia de lo establecido por el ente recaudador, la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional observó «inconsistencia» por parte de la sociedad Servicios y Publicidad La Clínica Ltda, de Diego Perry, debido a que la factura emitida a SQM por $58 millones no fue declarada en el año correspondiente.
El martes pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una nueva querella por delitos tributarios en el marco del caso SQM. La acción penal fue dirigida en contra de un grupo de personas que aparecen emitiendo boletas y recibiendo los respectivos pagos, por trabajos no realizados a la minera no metálica, entre 2009 y 2013. Se trata de 27 contribuyentes que figuran como facilitadores de «boletas ideológicamente falsas».
La lista está en su mayoría integrada por personas conectadas con políticos. Figuran personas ligadas a partidos de derecha como RN, la UDI y el PRI, y en menor medida al oficialismo, al incluir a gente vinculada a la DC, el PS y el PRSD.
De igual forma, el ente recaudador dejó establecido -en la página 11 de la querella- que resolvió desestimar una acción penal en contra de 13 contribuyentes que habían sido rectificados por SQM.
Entre ellos, se encuentran la sociedad Servicios y Publicidad La Clínica Ltda, formada por Diego Perry Aldana, hijastro del ex director de la Secom, Juan Carvajal. En diciembre de 2009 aparece emitiendo una factura a SQM por $58 millones.
En 2013, la mencionada sociedad prestó servicios a la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet por $175 millones, montos rendidos ante el Servel y los cuales no son objeto de investigación.
A diferencia de los establecido por el ente recaudador, un informe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional observó «inconsistencia» por parte de La Clínica Ltda debido a que la factura emitida a SQM por $58 millones no fue declarada en el año correspondiente.
“No presentó formulario 22 entre los años 2009 y 2013”, dice el escrito.
Perry es hijo de Ximena Aldana, asesora histórica de Sergio Bitar y pareja del Carvajal, uno de los hombres más cercanos a Bachelet en su primer gobierno.
En ese período, Aldana trabajó junto al entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, a cargo de la organización de sus giras en regiones y viajes fuera del país.
En tanto, Carvajal trabajaba en la oficina de Enrique Correa, Imaginacción. Correa, como se sabe, asesoró a SQM durante el caso Cascadas y tiene una relación fluida con Julio Ponce Lerou.
Según consigna hoy La Tercera, La Clínica Ltda quedó fuera de la querella del SII por cuanto “la responsabilidad penal ya se encontraba extinguida, según el artículo 94 del Código Penal, cuando se recibieron los antecedentes”.
Cabe consignar que Diego Perry además aparece como parte de la propiedad de la Consultora Credo, sociedad que recibió pagos de Ripley Corp. La consultora aparece mencionada en un correo electrónico enviado por Miguel Núñez, gerente de Finanzas Corporativas de Ripley Corp, al gerente general corporativo de la firma, Lázaro Calderón Volochinsky.
Según informa El Mercurio, el 9 de diciembre de 2013 Núñez le pidió a Calderón que le autorizara lo remitido en el correo que le envió ese día para generar la orden de compra respecto a lo que se le había solicitado.
En el asunto de ese correo estaba el nombre de Martelli, que hasta ese momento no era conocido. En efecto, el mail se titulaba: «Orden de compra a Giorgio Martelli». A las 12:16 horas de ese día, el ejecutivo le solicitó que le diera luz verde para la compra del informe de coyuntura política, económica y legislativa 2013 que se encargó a Asesorías Credo Limitada e iría con cargo al centro de costo de la gerencia general corporativa.
Cabe recordar que ECCSA S.A., grupo controlador de Ripley, rectificó los $50 millones que costó este servicio.
El SII además dejó fuera a las sociedades «Renta Inversiones Servicios y Asesorías Limitada» del abogado Pedro Yaconi y su ex esposa Mónica Urzúa Frei, quien es sobrina de Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y a Kybalion Consultores, que fue dirigida por el ex embajador Alejandro Bahamondes.
La firma de Yaconi fue excluída por el SII por la misma razón del caso anterior: “La responsabilidad penal ya se encontraba extinguida cuando se recibieron los antecedentes”. La empresa facturó $30 millones a SQM en 2009.
Yaconi es un abogado de 48 años, que se tituló en la Universidad Diego Portales y que aparece bajo la sospecha pública por su rol en la campaña presidencial del 2009. Hombre de confianza de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, participó del comité de finanzas del comando que sustentó su última aventura presidencial.
Por esas mismas fechas, una de sus sociedades, Rinvesa, emitió una factura por $30 millones a Soquimich (SQM) -la que fue objetada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y actualmente es investigada por la Fiscalía-. Pero no es la única. Yaconi también emitió facturas a Aguas Andinas, otra de las empresas investigadas por supuesto financiamiento ilegal de la política.
Según información a la que pudo acceder El Mostrador, y que fue ratificada por la empresa, Yaconi emitió facturas por servicio de asesorías jurídicas por casi dos años, los que tendrían relación con litigios que por ese entonces tenía la empresa. En Aguas Andinas se negaron a entregar mayores detalles respecto de su situación, y solo agregaron que “se encuentra revisando todos los antecedentes”.
Según fuentes de este medio, al interior de la sanitaria responsable de abastecer de agua potable al 42,6% de la población se está realizando una exhaustiva investigación para poder detectar a tiempo posibles traspasos irregulares de dinero a ciertos sectores políticos.
Pedro Yaconi proviene de una familia adinerada, dueña de una de las mayores pesqueras del país -Blumar-, pero también goza de la cercanía con el clan Frei, la que hasta hace unos años fue su familia política, y donde se transformó en uno de los más cercanos a Eduardo Frei Ruiz Tagle, el ex presidente al que ayudó en su intento por retornar al poder el 2009.
En el mundo de la ex Concertación todos reconocen que esa campaña presidencial fue la más difícil que les tocó enfrentar. No solo por el fenómeno de Marco Enríquez Ominami -que les quitó parte de su electorado fiel-, sino que también por la dificultad de juntar recursos entre los grandes empresarios que les permitieran hacerle frente a la multimillonaria apuesta de Sebastián Piñera.
Por ello, el comité de finanzas que funcionó en el comando de Frei jugó un rol central. Ese equipo fue comandado por Francisca Contreras, e integrado por Gonzalo Mehech, Cristián Quinzio, el geógrafo ex PPD Giorgio Martelli -investigado por facturas falsas a SQM y otras empresas-,y por Pedro Yaconi.
Hasta el 2006, Yaconi estuvo casado con una de las sobrinas del ex mandatario, Mónica Urzúa Frei, y a pesar que no milita en la DC, por esos años el abogado era un hombre de confianza del candidato.
En la recaudación de esa campaña, Yaconi también compartió roles con Jorge Rosenblut -ex presidente de Enersis y pareja de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón-, y con Ingrid Antonijevic, y estuvo encargado de arrendar la sede del comando, el que se ubicó en una antigua sede de la Universidad de Aconcagua.
Seis años después, Yaconi reaparece en escena luego que el 2 de abril el SII presentara una denuncia donde se incluyó una sociedad de su propiedad. Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada (Rinvesa), la que en abril del 2009 emitió una factura por $30 millones a SQM. La mención no fue casual, ya que desde la minera aseguraron que no existe respaldo suficiente para justificar ese pago.
Rinvesa Limitada fue constituida el 8 de mayo del 2006 por Pedro Yaconi Valdebenito y por su ex cónyuge Mónica Urzúa Frei, el mismo año en que su matrimonio llegó a su fin. El objeto de la sociedad fue la administración de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, las asesorías, las inversiones y la compra y venta de moneda extranjera. El capital inicial fue de $5 millones, de los cuales Yaconi aportó $4.500.000 y Urzúa Frei $500.000.
Esta sociedad fue modificada el 30 de diciembre del 2014, cuando Mónica Urzúa se retiró de la sociedad, vendiendo la totalidad de sus derechos sociales a Pedro Yaconi & Abogados Asociados Limitada por $20 millones.
En todo caso, y a pesar de su separación con Margarita Urzúa Frei, se mantiene ligado al clan. Al menos hasta el 12 de enero del 2014, Yaconi aparece como representante legal de la Fundación Frei junto a Magdalena Frei Larraechea -hija del ex presidente con la que mantiene cercanía en los últimos años-, según consta en un documento que oficializa la cooperación entre la Dibam y la Fundación para la construcción de un museo.
Además de Rinvesa y de su sociedad particular como abogado, Yaconi participa en el staff comandado por Juan Pablo Hermosilla, en una sociedad en la que también aparece el abogado Samuel Donoso. En ese bufete se da una situación particular, ya que todos sus integrantes tienen alguna participación en el escándalo por el financiamiento ilegal de la política.
Mientras Hermosilla representa a Jaime de Aguirre -quien reconoció haber emitido facturas por $30 millones a Aguas Andinas a través de su sociedad La Música, por encargo de Bancard, el vehículo de inversiones del ex Presidente Sebastián Piñera-, Samuel Donoso defiende a Patricio Contesse, el ex gerente general de SQM, a quien la nueva administración culpa por las irregularidades detectadas. Mientras que Yaconi ya fue a declarar ante los fiscales por sus facturas a la minera de Julio Ponce.
Sobre la situación judicial que enfrenta, Yaconi comentó a El Mercurio que los trabajos fueron efectivamente realizados a SQM, y estos tendrían la misma justificación que en el caso de Aguas Andinas: litigios legales.
El SII también desestimó incluir en su querella a las sociedades Kybalion Consultores y Asesorías, vinculada al ex embajador de Chile en Paraguay, Alejandro Bahamondes.
El militante del PPD dirigía esta empresa cuando ésta emitió dos facturas falsas a la minera por $22 millones en 2012. La contabilidad interna de esa empresa revela pagos mensuales al propio Bahamondes, a su hijo –que al mismo tiempo es ejecutivo de SQM– y a su nuera, Malaki Sepúlveda, que trabaja en Sernageomin.
El dato más revelador encontrado por la investigación de este medio vino de la mano de Milton Lee, el ex tesorero del PS contra quien el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella el viernes recién pasado, debido a que su empresa Alerce Talleres Gráficos S.A. recibió $150 millones desde SQM por servicios que en realidad se prestaron al ex senador Carlos Ominami.
Según Lee, los pagos por $1.150.000 que recibió desde Kybalion en 2012 –$300.000 (abril), $250.000 (julio) y $595.000 (septiembre)–, corresponden a servicios que prestó a la campaña electoral de la hija de Alejandro Bahamondes, Adela, quien fue candidata a concejala por Lampa ese mismo año.
El militante del PS, contactado por El Mostrador, aseguró que prestó servicios en la campaña de Adela Bahamondes, actual gobernadora provincial de Chacabuco. “En ese año trabajé para la imprenta, y por lo que me acuerdo, los pagos fueron efectuados en distintos cheques”, detalla Milton Lee.
