La iniciativa debía ser votada la semana pasada en la Comisión, pero con el objeto de propiciar el diálogo entre las partes, la instancia logró el retiro de la calificación de urgencia por parte del Gobierno y postergó para hoy la votación. Sin embargo, tal como los mismos actores lo indicaron en la sesión, el acercamiento fue infructífero y no hubo variación en las posiciones.
Por once votos en contra (oposición y gran parte de los legisladores de la Nueva Mayoría) y dos a favor, de los diputados DC Fuad Chahin y José Miguel Ortiz, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazó esta tarde el proyecto que otorga una asignación extraordinaria para los funcionarios de menores remuneraciones de la región de Atacama, ello ante la evidencia de la falta de acuerdo en torno a la materia, entre los trabajadores y el Ejecutivo.
La iniciativa debía ser votada la semana pasada en la Comisión, pero con el objeto de propiciar el diálogo entre las partes, la instancia logró el retiro de la calificación de urgencia por parte del Gobierno y postergó para hoy la votación. Sin embargo, tal como los mismos actores lo indicaron en la sesión, el acercamiento fue infructífero y no hubo variación en las posiciones.
«Nosotros hicimos ese gesto, modificamos la urgencia del proyecto de ley, le hicimos un planteamiento verbal respecto a las opciones que nosotros consideramos razonables sobre la base que no hubiese paro. Este fue un acuerdo verbal, no había un compromiso explícito respecto a que no se bajara el paro, pero al final el paro no se bajó y, por lo tanto, esas condiciones de diálogo no se han podido producir, que se iban a producir en el día de ayer. A raíz de esto, no tenemos nada que modificar al proyecto de ley», puntualizó el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
En el debate, el representante del Gobierno recordó que se abrieron como Ejecutivo a aumentar el piso de los beneficiados (funcionarios con remuneraciones de hasta 700 mil pesos, la propuesta original tenía como tope los 500 mil pesos); rediscutir que los beneficios no sean tributables e imponibles; y discutir que el beneficio se entregue en 2016 con el monto ya fijado y, en 2017, sobre la base de un nuevo estudio de costo de vida. «La condición nuestra era que no hubiera paro», insistió.
Emilio Díaz, representante de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch) e integrante de la mesa regional de Atacama del sector público, explicó que la voluntad de los funcionarios, manifestada en una consulta a las bases efectuada ayer, donde participaron los once gremios que componen la mesa regional, fue rechazar la posibilidad de dialogar, porque no sintieron que estaban presentes las herramientas necesarias, dado que «los contenidos de ese diálogo jamás fueron formalizados por parte del Gobierno».
Reconoció que el Gobierno hizo un gesto al retirar la calificación de urgencia, pero resaltó que la condición que imponía la movilización era el respeto al acuerdo con el Gobierno plasmado en el protocolo del año 2014, el que no estaba representado por el proyecto presentado por el Ejecutivo y que hoy fue rechazado en la Comisión de Hacienda.
«El mensaje presidencial que ingresó a trámite no tiene nada que ver con ese acuerdo. Solamente habla de un monto asignado a familias vulnerables, como se pronunció el Subsecretario, y nuestro objetivo es hacer un estudio (de costo de vida) que genere un monto permanente para las remuneraciones del sector público de la región de Atacama», precisó.
En todo caso, el representante gremial agradeció en forma especial la participación de los legisladores. «La Comisión de Hacienda de la Cámara dio las facilidades. Nuestro argumento es la no credibilidad por parte de los trabajadores hacia la estructura de Gobierno, bajo ningún punto de vista hacia la estructura del Poder Legislativo. Es más, los agradecimientos son sinceros para toda la Comisión, pero nosotros buscamos un trato digno para los 285 mil funcionarios y trabajadores de la región de Atacama», remarcó.
El presidente de la instancia, diputado Manuel Monsalve (PS), observó que el grupo parlamentario buscó reparar el evidente quiebre en el diálogo que existía entre los trabajadores y el Gobierno y recordó que, en la semana pasada, se lograron dar pasos importantes. Sin embargo, lamentó que el acercamiento no prosperara y llamó a sus compañeros a votar el proyecto en la ocasión, no postergando más el debate.
Durante la sesión, varios legisladores (estuvieron presentes también parlamentarios de la zona y no solo los integrantes de la Comisión), entre ellos las diputadas Yasna Provoste (DC) y Daniella Cicardini (PS) y los diputados Alberto Robles (PRSD) y Lautaro Carmona (PC), criticaron al Gobierno, en particular el hecho que no plasmara en un documento concreto las propuestas que presentó sobre el tema y mencionados en la sesión
Además, hicieron ver la improcedencia de apoyar un proyecto que no cumple con las expectativas de los trabajadores y que no se condice con los acuerdos alcanzados en negociaciones anteriores (protocolo de 2014). En esta última postura se sumaron durante la justificación del voto los diputados Pablo Lorenzini (DC) y Javier Macaya (UDI).
En la votación, el diputado Fuad Chahin explicó que su voto a favor solo estaba dirigido a la idea de legislar, con el objeto de no cerrar las vías del trámite, pero alertó que votaría en contra en torno al articulado (el hecho no llegó a producirse al rechazarse el proyecto en general). Por su parte, el diputado José Miguel Ortiz dijo que votaba a favor porque había constatado la voluntad del Gobierno y para facilitar también la continuidad del trámite legislativo.
