Ministerio Público centra su foco también en BCI, Ripley, Inversiones Caburga, Watts y CAP
La primera de las empresas vinculadas a estos hechos es el Banco de Crédito e Inversiones, de propiedad de la familia Yarur, que incorporó boletas por más de 90 millones de pesos de la empresa de comunicación Vox, fundada por Laurence Golborne.
En la reciente querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra el ex candidato presidencial Laurence Golborne, aparece mencionada una serie de empresas que incorporaron a su contabilidad boletas falsas facilitadas por el ex ministro de Minería para reunir fondos para su campaña presidencial.
La primera de las empresas vinculadas a estos hechos es el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), de propiedad de la familia Yarur, que incoporó boletas por más de 90 millones de pesos de la empresa de comunicación Vox.
Lo relevante para acreditar lo doloso de esta operación fue la declaración de Luis Enrique Yarur, quien dijo que «hay casos en que sí puedo vincular el aporte político con dos sociedades: Vox comunicaciones y VSA.(…) me dijo que necesitaba recursos para su campaña y que ofrecía servicios de dos empresas».
Dentro de la misma querella, el documento detalla que la sociedad Asesorías VSA Ltda., ligada al empresario Tomás Roberto Carrasco Burgos, emitió 11 facturas falsas que luego fueron incorporadas a la contabilidad para reducir los impuestos de una serie de otras empresas.
Carrasco es un testigo clave en el caso, ya que gracias a su declaración ante la Fiscalía, en noviembre de 2015, se amplió el número de empresas involucradas en operaciones truchas relativas a platas políticas, revelando otras diez que aportaron por fuera de la vía legal a la campaña de Laurence Golborne.
Entre las empresas que ahora el Ministerio Público centrará con mayor propiedad su foco, además del banco BCI –presidido por Luis Enrique Yarur, que el 22 de junio de 2015 presentó una rectificación de sus impuestos a la renta correspondiente al año tributario 2014 ante el Servicio de Impuestos Internos– está Ripley, controlado por la familia Calderón, Inversiones Caburga, de los Saíd Somavía, Watts, CAP Inmobiliaria Ecomac, Inversiones Santa Virginia Ltda. –continuadora legal de Newport, de los Said Handal–, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado
Según publicó Ciper, las contabilidades de algunas de esas compañías revelaron nuevos datos, como pagos rectificados de Ripley y BCI a personas vinculadas a Ena von Baer, Pablo Zalaquett y Javier Macaya. Incluso aportes de Ripley a Asesorías Credo, empresa controlada por Diego Perry, uno de los publicistas que diseñaron y ejecutaron la campaña presidencial de Michelle Bachelet.
