También se enviará una nueva ley
Al dar a conocer la decisión presidencial, el vocero de La Moneda explica que “Chile no puede renunciar a tener relaciones laborales justas y eficaces” y por eso se tomarán “todas las medidas que nos permitan seguir avanzando en el marco de nuestra institucionalidad”.
El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, anunció que la Presidenta Michelle Bachelet decidió vetar aspectos del proyecto de Reforma Laboral y el envío de una nueva iniciativa de ley una vez que se conozca el detalle del fallo del Tribunal Constitucional, el cual declaró inconstitucionales la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación.
Tras el fallo del TC, las diferencias que se manifestaron a lo largo de toda la tramitación de la reforma laboral se reavivaron, especialmente entre el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien era contrario al veto y apostaba por acotar al máximo cualquier cambio a la reforma, y Rincón, quien junto a un sector de la Nueva Mayoría era partidarios de la decisión adoptada por Palacio.
La diferencia entre ministros fue evidente cuando la titular del Trabajo daba por hecho el envío de un veto, pero al día siguiente el jefe de gabinete, Jorge Burgos, señaló en una entrevista con El Mercurio que la decisión aún no estaba adoptada. El ministro del Interior compartía la postura de Hacienda en el sentido que las reformas necesarias se podían resolver con una ley corta, y que el veto sólo tenía una connotación política.
Con la decisión adoptada por el Ejecutivo, la tesis de Rincón se impuso a la visión del titular de Hacienda y a la de Burgos.
A lo anterior se suma otra estrategia más radical, según consigna La Tercera, el de vetar aspectos relevantes para Hacienda, la derecha y la DC, como las adecuaciones necesarias, el reemplazo interno y el descuelgue de la huelga, lo que habría forzado a tramitar, en la práctica, una nueva reforma laboral.
El titular de la Segegob expresó que “el país sabe que necesitamos mejorar nuestra economía y la equidad en nuestras relaciones sociales” y por ello se envió “un proyecto de ley de reforma laboral” que moderniza y equilibra las relaciones entre trabajadores y empleadores, y que tras “un proceso de diálogo democrático con todos los sectores, y de introducirle al proyecto cambios razonables” fue aprobado en el Congreso “por amplia mayoría”.
Díaz volvió a cuestionar la decisión del TC, mencionando que “el gobierno ha sido claro en señalar que lamenta esa decisión de mayoría, pero que acatará íntegramente su veredicto, como corresponde a un Estado de Derecho”.
El vocero sostuvo que dependiendo del contenido específico del fallo y sus fundamentos, que aún no ha sido dado a conocer por el TC, “no podemos descartar no solo que se comprometan algunos de los avances alcanzados en el proyecto, sino que se materialicen retrocesos en los derechos de los trabajadores” y que para evitar tales riesgos “se hace preciso vetar ciertos aspectos del proyecto”.
En ese sentido, explicó que la Presidenta Bachelet no propuso “un conjunto de normas aisladas entre sí”, sino que “una propuesta integral de relaciones laborales, donde las distintas disposiciones jurídicas se apoyan mutuamente”.
“Lo anterior, nos obliga a revisar las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas; de horas extraordinarias y de jornadas pasivas, así como, la introducción de un nuevo quórum para negociar”, señaló.
Díaz mencionó que “permitir que las partes negocien una materia tan sensible como lo es la adaptabilidad, debe ir acompañado de un debido resguardo de la voluntad colectiva de los trabajadores, la que solo se logra si las organizaciones sindicales fortalecidas, autónomas y permanentes dentro de la empresa, son las únicas que sirven de efectiva contraparte al empleador ante tales pactos”.
Añadió que el proyecto de ley que fue presentado por el gobierno elevaba el sistema de quórums exigidos a los sindicatos para poder negociar colectivamente, modificación que se basaba en la existencia del principio de titularidad sindical. En ese sentido, dijo que “si se suprime la titularidad, se hace también indispensable suprimir las nuevas normas de quorum de negociación”.
El ministro expresó que “una vez que conozcamos todos los fundamentos de la decisión del Tribunal, enviaremos un proyecto de ley al Parlamento que adecue el texto a dichas consideraciones en materia de titularidad sindical y que restablezca condiciones a objeto de avanzar en las relaciones laborales más equilibradas y justas”. Añadió que “en la medida que el fallo del tribunal permita que los sindicatos sean la única contraparte para acordar pactos, repondremos en el nuevo proyecto de ley estas materias”.
“Chile no puede renunciar a tener relaciones laborales justas y eficaces. Por eso, tomaremos todas las medidas que nos permitan seguir avanzando en el marco de nuestra institucionalidad”, agregando que “el gobierno no dejará de promover un mejor sistema de relaciones laborales, fundado en el diálogo, que promueva la productividad de las empresas, pero que, al mismo tiempo, defienda adecuadamente los derechos de los trabajadores”.
Por su parte, el senador del PS, Juan Pablo Letelier, señaló que “se ha logrado lo que en el PS queríamos en esta etapa desde que se anunció el fallo del TC. Un veto supresivo en los temas que más nos complicaban y un anuncio de ley corta cuando se conozcan los detalles del fallo. Estamos plenamente conformes con la decisión de la Presidenta y la apoyamos”.
A su vez, el diputado socialista y ex timonel del PS, Osvaldo Andrade, afirmó que la decisión del gobierno la esperaba y “creo que es razonable en la situación en que estamos. Para que nos entendamos: lo que importa es el proyecto de ley cuando se conozca el fallo del TC. El veto es complementario, es una insinuación a la derecha, y también a la Nueva Mayoría, porque no olvide que para rechazar el veto se requieren dos tercios de los votos”.
