«El hecho de que la persona afectada por las informaciones sea la Presidenta de la República no es una razón para demandar que la protección de su intimidad u honra sea más alta o más rigurosa», escribió el rector de la UDP.
Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y columnista habitual de El Mercurio, insistió este lunes, luego de escribir una columna el sábado, en defender la decisión de revista Que Pasa en cuanto a publicar conversaciones de Wathsapp interceptadas por la policía, de Juan Díaz, uno de los implicados en el caso Caval y en las que el operador de la UDI involucra a la Presidenta Michelle Bachelet, como beneficiaria del controvertido negocio inmobiliario.
En el contexto de que la revista editó la nota, sacando las alusiones a Bachelet, y la propia Presidenta anunció posibles acciones legales y el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy pidió que el grupo Copesa responda por lo que llamó imputaciones directas, Peña defendió la publicación de los mensajes.
«Desde el punto de vista legal (en esto no hay dos opiniones en la literatura especializada) no puede exigirse a los medios que, antes de difundir informaciones, se cercioren de la verdad de su contenido. El deber de no causar daño a otro impone el deber de no mentir deliberadamente cuando se trata de quienes ejercen funciones estatales; pero no se infringe esa regla cuando, por las urgencias del oficio, se difunde información que resulta finalmente falsa. Si se elevara el umbral de responsabilidad y, por ejemplo, se impusiera a los medios obrar con la máxima diligencia (o, en términos legales, responder de culpa levísima) se perjudicaría severamente el control y el escrutinio de los actos públicos». escribió en una carta la carta publicada por El Mercurio
«El hecho de que la persona afectada por las informaciones sea la Presidenta de la República no es una razón para demandar que la protección de su intimidad u honra sea más alta o más rigurosa. Es justamente al revés: mientras más poder se posee, el umbral de protección debe ser más débil. Esa es una de las pocas servidumbres a que obliga el poder: estar sometido al escrutinio de los ciudadanos», agregó.
