Opinión
Lo de Bachelet puede ser torpeza, la historia de una persona que perdió la prudencia de su primera administración (esa de conocerse a sí mismo y sus capacidades), pero no existe nada parecido a la acumulación de un poder sin medida para beneficio personal ni tampoco para impulsar proceso revolucionario alguno.
En la querella presentada por Michelle Bachelet contra el director, editor y dos periodistas de Qué Pasa se han esgrimido argumentos en contra de tal acción en cuatro sentidos: una violación a la libertad de expresión; una constatación más de su autoritarismo; una incomprensión de su rol de jefa de Estado; por último, una torpeza política de principiante. Si se analiza en su mérito, claramente, la primera (atentado a la libertad de expresión) y segunda (en presencia de una gobernante autoritaria) son falsas. La tercera (no comprende lo que implica la Presidencia), muy discutible. Y la cuarta (un error político), factiblemente por forma, correcta.
Veamos.
No olvidar el contexto en que se produce la querella, es de importancia. Qué Pasa publica (online) una transcripción con declaraciones de un testigo del caso Caval en la cual se señala a políticos de derecha y a la Presidenta como actores directos del caso. En esa publicación, Qué Pasa advierte que son “parte de escuchas telefónicas todavía no validadas” (en realidad el fiscal las desechó). Una primera “edición de lo aparecido online” hace desaparecer ciertos nombres de personas vinculadas a la UDI.
La publicación online estuvo disponible no más de dos horas. Luego, en su edición impresa, la revista publica solo lo que concierne a Bachelet, elimina toda referencia a los políticos de derecha y no hace aparecer la advertencia anterior sobre el origen. Si la acción corresponde al editor del medio de prensa (eliminación de referencia a la derecha) se puede indicar que la aplicación de “censura” hacia los periodistas es de la propia Qué Pasa. La modificación a la nota completa es, por decir lo menos, curiosa.
Hay un antecedente de “contexto” no menor: una acusación y operación similar terminó con la destitución de Dilma Rousseff.
Una vez ocurrido esto, se presenta la querella. Bachelet indica que lo hace como ciudadana y no como “Presidenta”. Posteriormente, vienen las reacciones por todos conocidas.
El argumento de que se atenta, con la acción judicial, contra la libertad de prensa, olvida al menos dos cosas: la acción es contra una publicación maledicente que incluso fue mutilada en la aparición de sus protagonistas para que el foco del daño fuese un solo actor político, la Presidenta. Hay un segundo elemento: si alguien es acusado públicamente de ser parte de una estafa, ¿no es razonable que vaya a los tribunales de justicia? Nadie creerá que las calumnias e injurias se combaten argumentativamente, en una suerte de escenario habermasiano. Maquiavelo (siguiendo la tradición del derecho romano) ya tenía clara la necesidad de su reparación por vía de la justicia para evitar sus daños.
La pregunta es si la defensa de la honra proviene de la máxima autoridad política del país, si en ese caso no sería un abuso de poder. No lo es. Solo puede serlo si esa autoridad “no baja al mundo del ciudadano” y trata de ejercer su defensa por medios extralegales. La misma jurisprudencia norteamericana (de las más estrictas en la defensa de la libertad de expresión) acepta como válidas demandas de autoridades contra medios que han publicado, con clara intención de dañar, información sobre la que se conoce su falsedad o que el suponerle alguna validez sería imprudente.
[cita tipo=»destaque»]La misma jurisprudencia norteamericana (de las más estrictas en la defensa de la libertad de expresión) acepta como válidas demandas de autoridades contra medios que han publicado, con clara intención de dañar, información sobre la que se conoce su falsedad o que el suponerle alguna validez sería imprudente[/cita]
Por eso el argumento de autoritarismo de Bachelet (Loewe en este mismo medio) es erróneo. Justamente los Erdoğan o Pinochet (con quien es comparada en su supuesto autoritarismo Bachelet, por el mismo Loewe) no van a los tribunales de justicia. Pinochet cerró medios, encarceló a sus editores y degolló periodistas. ¿Cuán distinta hubiese sido la historia si el ciudadano Pinochet solo los hubiese demandado? Ir a los tribunales es reafirmar el Estado de derecho, es lo que otros gobernantes y ministros democráticos (basta pensar en situaciones similares en la Europa desarrollada) han realizado en su momento en otras latitudes.
Que su negativa a responder preguntas sea muestra de “autoritarismo” y eso pueda ser puesto en línea con su acción contra Qué Pasa, parece confundir: ser un político de poco alcance (como también lo es, por ejemplo, Hollande en Francia), que busca evitar ser expuesto a situaciones que desnuden con facilidad sus limitaciones, con ser algo así como un “sátrapa”. ¿Por qué? Toda la evidencia nos muestra que los señores Peña, Loewe, etc., cada vez que decidan poner sus ideas por escrito, ni la integridad propia ni la de sus seres queridos estarán en riesgo, tampoco se expondrán a represalias laborales o de hostigamiento económico. Lo mismo aplica para los miembros del tribunal que vea la causa de Bachelet.
Eso es exactamente lo que no existe en un régimen autoritario. Lo de Bachelet puede ser torpeza, la historia de una persona que perdió la prudencia de su primera administración (esa de conocerse a sí mismo y sus capacidades), pero no existe nada parecido a la acumulación de un poder sin medida para beneficio personal ni tampoco para impulsar proceso revolucionario alguno.
Por último, Carlos Peña en su columna del domingo, insiste en la imposibilidad de distinguir “la función de presidente”, con su carga simbólica, del ciudadano que lo ejerce. No es el primero en exponer este reparo, pero sí el que lo hace con más brillantez. Es un viejo problema, ya presente en Sobre la Clemencia de Seneca, De Officiis de Cicerón, y, magistralmente tratado en el trabajo de Kantorowicz sobre la doble naturaleza de la corona y el rey en el Medioevo.
Sin duda, solo en casos excepcionales (como podría ser una injuria y difamación que busca un efecto desestabilizador) puede entenderse que quienes cumplen la función de representar y hacer aparecer la persona ficta del Estado en sus figuras, puedan volverse uno más para defenderse a sí mismos y, de esa forma, a la misma función que ellos representan, la cual, potencialmente, se puede buscar desestabilizar.
Bachelet hizo bien al no querellarse por trascendidos sobre posibles problemas con el alcohol (entre otros, difundidos por este mismo medio). Lo anterior, a pesar de que no faltaron quienes dijeron “bueno, si no se querella, debe existir algo de cierto”. En este caso, si el objetivo es “la Presidencia”, puede que la acción sí corresponda. Otra cosa distinta es si la forma y la argumentación empleadas han sido las óptimas. En eso, la habilidad política no es lo que ha destacado.
