Subsecretario del Interior sostuvo que «las consecuencias de la actuación incomprensible e irracional realizada por estudiantes que tenían tomado este colegio deben ser pagadas por quienes son responsables o quienes deben asumir la responsabilidad de los actos de sus hijos».
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió al daño patrimonial que dejó la toma del Internado Nacional Barros Arana (INBA) que dejó pérdidas que ascienden a los $ 400 millones.
«Creemos que no puede haber impunidad para quienes, sean adultos o menores, generan graves daños a la infraestructura pública, en especial si se tratan de colegios públicos. No podemos tolerar que los alumnos del INBA utilicen las legítimas demandas educacionales para cometer los actos de barbarie que todos conocemos. La Intendencia Metropolitana ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que los padres respondan por los daños generados por sus hijos», sostuvo la autoridad a La Tercera.
Agregando que «las consecuencias de la actuación incomprensible e irracional realizada por estudiantes que tenían tomado el INBA deben ser pagadas por quienes son responsables o quienes deben asumir la responsabilidad de los actos de sus hijos».
Aleuy anunció que «el gobierno oficiará al CDE cada vez que ocurran hechos similares, porque entendemos que existen las herramientas legales para buscar a los responsables de estos repudiables hechos. El mismo CDE nos manifestó en marzo que procederá por la vía civil en los casos que se acredite un delito penal; en que existan bienes sobre los cuales trabar medidas precautorias; se logre cuantificar los daños; y que se demuestre el vínculo parental entre el menor demandado y su tutor. Por eso, la Intendencia ha comenzado con la presentación de una querella criminal por los delitos de daño a monumento nacional, daño calificado y desórdenes públicos, con el objetivo que la justicia establezca la responsabilidad de estas personas».
En ese sentido, precisó que «el gobierno apoya a todas las organizaciones sociales que quieran manifestarse libremente, mientras lo hagan en un marco de respeto y orden. La violencia, intolerancia e irresponsabilidad que hemos visto en los últimos días por parte de los estudiantes está muy lejos de ser con respeto y no contribuyen en nada al fortalecimiento de la educación pública. Por lo tanto, lo que nos corresponde hacer es cautelar el interés público, el patrimonio fiscal y perseguir las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Quienes cometen delitos, tienen que hacerse responsables de sus actos. No corresponde ser tolerante con los intolerantes».
Consultado por si hubo demora en el actuar de carabineros en terminar con la toma, el subsecretario del Interior aseguró que «independiente del tiempo que tomen los desalojos, que deben ser planificados y coordinados, el tema de fondo es que existe un conjunto de individuos que no tiene ninguna legitimidad y que a través la violencia atentan contra el derecho a la educación de una gran mayoría, dañando el patrimonio público. Plantear que la responsabilidad de los millonarios destrozos y pérdida de patrimonio histórico y económico en los colegios tomados es de Carabineros, es un error, no es comprensible ni razonable».
