«Sufrí una detención violenta, injusta y arbitraria, un trato inhumano, constituyendo un serio ataque a la dignidad, vulnerando no solo el principio de proporcionalidad sino de detención indiscriminada», denuncia Cristian Aguilar, padre de un alumno y apoderado del establecimiento.
Cristian Aguilar Muñoz es padre y apoderado del Instituto Nacional y en la siguiente declaración cuenta, cronológicamente, los hechos acontecidos el viernes 17 de junio durante el desalojo por parte de Fuerzas Especiales. Como también denuncia la violencia usada por Carabineros contra padres y estudiantes.
«El viernes pasado, a partir de las 11:50 horas, se produjo el desalojo del Instituto Nacional por parte de Fuerzas Especiales. Cabe recordar que durante jornadas previas, los estudiantes, dirigentes y delegados de cursos del Instituto, decidieron la continuidad de la toma del establecimiento, debatiendo sobre las diferentes formas de movilización que adoptarían durante este proceso.
Alrededor de las 17:00 horas del mismo día, estudiantes del Instituto, luego de una Asamblea convocada fuera del establecimiento, decidieron intentar la retoma de su Liceo por la entrada principal de Arturo Prat 33, encontrándose custodiado por efectivos de FFEE, tanto el exterior como el interior del Instituto.
Yo me encontraba en el exterior del edificio, filmando y fotografiando a los niños y jóvenes que entrelazando sus brazos avanzaban, logrando entrar al establecimiento. Una vez en el interior, los estudiantes fueron reprimidos en el hall, quienes manteniendo sus manos unidas, gritaban consignas frente a FFEE, los cuales procedieron a lanzar bombas lacrimógenas en el reducido espacio, no midiendo las consecuencias.
Posteriormente, los estudiantes producto de los gases e inminente asfixia, abandonaron el lugar. Paralelamente llegó gran contingente policial, carabineros motorizados, carro lanzagases y lanzagua. Es importante destacar que no se produjo enfrentamiento con Carabineros al interior del Instituto Nacional.
Personalmente, al no poder comunicarme con mi hijo, estudiante de 7° básico del Instituto y ante la incertidumbre de que pudiese encontrarse al interior del Liceo, su hermana, quien se dirigía hacia la Casa Central de la Universidad Católica, se desvió para saber de su hermano.
Solicitó permiso a un oficial de carabineros, quien la autorizó a ingresar. Acto seguido me comuniqué telefónicamente con mi hija, quien me manifestó que estaba muy ahogada con los gases lacrimógenos y que su hermano no estaba al interior.
Luego me acerqué a la entrada del establecimiento a pedir autorización a Carabineros para ingresar a buscar y ayudar a salir a mi hija, siendo autorizado. Ingresé filmando, llegando al patio central; mientras registro imágenes me percato que mi hija está esposada, gritándome que era injusto lo que estaba sucediendo.
En ese escenario, me identifiqué como padre de Tamara, quien se encontraba junto a dos estudiantes del Instituto de 13 y 14 años respectivamente, ambos también esposados; el niño de 14 años fue golpeado y lanzado al suelo, lo que le provocó una lesión en su cabeza. Acto seguido intenté acercarme a mi hija explicando a Carabineros que había un grave error en su detención, ya que había sido autorizada por ellos, al igual que yo, a entrar a buscar a mi hijo que hasta ese momento pensábamos se encontraba en el interior.
FFEE, al percatarse de que filmaba el lugar, actúa violentamente, abalanzándose sobre mí. Recibo insultos, no me piden identificación ni nada que respondiese a un procedimiento regular; un miembro de FFEE que no se identificó ordenó mi detención, mientras que otro me toma del cuello ahogándome e impidiendo mi respiración con excesiva brutalidad, mientras trataba de explicarle, dentro de esta violenta acción, que era asmático severo y me estaba ahogando, haciendo caso omiso a lo que trataba de explicarle.
Inmediatamente, alrededor de cinco carabineros me lanzaron al suelo, poniéndome las esposas con las manos en la espalda, comenzando a golpearme con los bastones de servicio y pateándome en diversas partes del cuerpo, llegando a perder el conocimiento un par de minutos, todo esto fue presenciado por los dos menores y mi hija, quien con angustia e impotencia, gritaba que dejaran de golpearme.
Sustrajeron mi cámara y posteriormente nos trasladaron hasta el vehículo policial, junto a mi hija y los dos menores. Luego fuimos conducidos a la Tercera Comisaría de Santiago, y uno de los Carabineros que me agredió procedió a informarme de manera poco clara las acusaciones en mi contra: el supuesto “delito” (como se me indicó) de resistirme a la detención policial; debo aclarar, que en ningún momento actué violentamente ni tampoco se materializó la figura de obstrucción ni impedimento a la labor policial.
Como es de conocimiento público, el uso de la fuerza, en su justa medida, es el último recurso frente a una resistencia o amenaza, la única amenaza en ese momento era mi cámara fotográfica y de video, que registró lo sucedido al interior del establecimiento. Cabe hacer presente que grabar o filmar no es un delito, respaldo esta aseveración con la declaración del Teniente Coronel Ramiro Larraín Donoso, Jefe del Departamento de Información Pública de Carabineros de Chile, quien declara que “no existen antecedentes que prohíban fotografiar o filmar a un Carabinero” (RSIP Nº 12799 del 28 de octubre de 2011).
Luego de permanecer aproximadamente cuatro horas en la Tercera Comisaría, a las 21:30 horas, me trasladaron a constatar lesiones al CESFAM N° 1 del S.S. Metropolitano Central, donde la doctora de turno constató las siguientes lesiones: escoriaciones en ambas muñecas producto de la extrema presión de las esposas, contusión glúteo izquierdo, contusión fosa lumbar izquierda, escoriación y contusión en muslo izquierdo, hematoma, escoriación y contusión muslo derecho (además de otras contusiones no visibles). Al día siguiente, 18 de junio, debí concurrir nuevamente a un Servicio de Urgencia, ya que los dolores se agudizaron, a pesar de estar con tratamiento farmacológico e inyecciones.
Fui liberado a las 0:55 horas, quedando citado a Fiscalía. Al salir de la Comisaría, me entregan la cámara, quedando en evidencia la manipulación de esta, ya que fueron borradas las imágenes que había grabado, probablemente con la intención de deshacerse de la evidencia registrada en ella.
Sin duda, sufrí una detención violenta, injusta y arbitraria, un trato inhumano, constituyendo un serio ataque a la dignidad, vulnerando no solo el principio de proporcionalidad sino de detención indiscriminada, preceptos incluidos en el documento “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público” de Carabineros de Chile, como también insertos en el Código de Ética de la Institución. Carabineros está utilizando la fuerza en forma desproporcionada e irracional frente a menores de edad, padres y apoderados movilizados, constituyéndose esta práctica una costumbre.
Cabe recordar que, en días pasados, han ocurrido situaciones de maltrato y vejación a estudiantes de diversos colegios de Santiago, entre ellos al presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Roberto Zambrano, el cual como declaró públicamente fue torturado por parte de Carabineros al interior de la Tercera Comisaría de Santiago luego de ser detenido en una manifestación de la que participaba frente al establecimiento; actos violentos de Carabineros se repiten, como por ejemplo lo sucedido en Liceo de Aplicación, donde además se produjo un irreparable daño al patrimonio histórico del país. Estos hechos no hacen sino recordar los peores momentos y los mismos métodos de la dictadura.
Estos sucesos violan innumerables tratados de derechos humanos, ratificados por el Estado de Chile, al poner en peligro la integridad física y psíquica de chilenas y chilenos, con el actuar excesivo de la fuerza policial, pudiendo establecerse varias figuras penales, que pueden ir desde abuso de autoridad, lesiones, tortura, amenaza e imposición de conductas ilegales; el deber policial debe ejecutarse de la forma más expedita posible y los abusos que pudieren cometerse configuran el delito de vejación injusta del artículo 255 del Código Penal.
No tengo afiliación política alguna, sin embargo, a partir de mi formación y mis convicciones, he comprometido mi vida en aportar y contribuir a una educación digna, una sociedad más justa, igualitaria y verdaderamente democrática, con énfasis en los sectores no solo vulnerables, sino efectivamente vulnerados de nuestra sociedad.
Quisiera agradecer la preocupación y muestras de apoyo, de parte de algunos integrantes de la comunidad educativa del Instituto, hacia los niños y jóvenes que fueron brutalmente reprimidos y golpeados, tanto al interior como en el exterior del Instituto Nacional.
Manifiesto desde ya mi decisión de comunicar lo sucedido y participar activamente en acciones judiciales destinadas a: restablecer mis derechos fundamentales; sancionar las acciones irregulares del equipo liderado por el Subteniente Nicolás Correa Montoya, oficial a cargo de los actos de violencia y de dar la orden de mi detención dentro del establecimiento y de todos quienes resulten responsables, y denunciar ante los organismos competentes, las agresiones y amenazas cometidas contra mi persona».
