Los parlamentarios estaban acusados de haber emitido, entre 1996 y 2007, certificados que sirvieron para que personas obtuvieran pensiones de exonerados, beneficiándose sin que se corroborara si cumplían con los requisitos para ello.
La Corte Suprema de Chile sobreseyó «parcial y temporalmente» a un total de 54 diputados indagados por el caso de falsos exonerados políticos, informó hoy la página electrónica del diario El Mercurio.
La decisión fue tomada por la jueza de ese tribunal Mireya López quien después de tres años de investigación no pudo definir «ilícitos penales».
La magistrada concluyó que no se encuentra determinada «la comisión de un hecho constitutivo de ilícito penal en lo que dice relación a la extensión de sendos certificados políticos emitidos por quienes desempeñan el cargo de diputado a la fecha de emisión de estos documentos».
El término exonerado político se empezó a utilizar durante la dictadura militar chilena (1973-1990) cuando se produjeron cientos de despidos en las reparticiones públicas.
El régimen militar para tapar esta acción camufló la palabra «despido» con la de «exonerado».
Los 54 parlamentarios estaban acusados de haber emitido, entre 1996 y 2007, certificados que sirvieron para que personas obtuvieran pensiones de exonerados, beneficiándose sin que se corroborara si cumplían con los requisitos para ello.
La jueza López, indicó que el sobreseimiento se mantendrá hasta que se presenten nuevos y mejores antecedentes para la investigación, aunque cuestionó la «laxitud» de algunos legisladores a la hora de corroborar la información emitida en los documentos presentados.
La resolución de la magistrada también dice que la práctica «fue masiva» y hubo parlamentarios que emitieron cientos de certificados para personas que decían haber trabajado para distintos empleados, e incluso en algunos casos, a lo largo de todo Chile.
El 5 de junio de 2013, la Corte Suprema de Chile designó a la jueza Mireya López para que investigara las irregularidades detectadas en la entrega de beneficios y pensiones a unas 3.000 personas que supuestamente perdieron su trabajo por razones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La polémica arrancó en los últimos días de mayo de ese año cuando se conoció un informe de la Contraloría, que revisó más de 9.000 expedientes de entre las más de 74.000 personas que recibieron beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS) en 2011.
La Contraloría concluyó que casi 3.000 personas no cuentan con los requisitos que establece la ley para ser calificados como exonerados políticos, personas que perdieron su trabajo por razones políticas.
Entre los casos detectados, 1.187 corresponden a extrabajadores de partidos políticos, principalmente del Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), que fueron proscritos después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El resto corresponde a trabajadores de empresas que, según la Contraloría, nunca fueron intervenidas por el régimen militar, como exige la ley.
Además, el organismo puso en duda el pago de unos 60 millones de dólares a casi 6.000 ciudadanos que no cumplían los requisitos para recibir pensiones vitalicias.
Estas pensiones se aprobaron durante los Gobiernos de Ricardo Lagos (2000-2006), la primera magistratura de Michelle Bachelet (2006-2010) y de Sebastián Piñera (2010-2014).
