Jorge Bermúdez instruyó un sumario interno administrativo en junio por el caso
La autoridad le solicitó la renuncia al jefe de la División de Personal de la Administración del Estado, Hernán Fonseca. Uno de los casos es la pensión de más de $5 millones que recibe la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), quien se desempeñaba como funcionaria de Gendarmería y se jubiló en el año 2015. [Actualizada]
Un nuevo frente se abre en el caso de las pensiones abultadas de Gendarmería. El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, solicitó la renuncia al jefe de la División de Personal de la Administración del Estado, Hernán Fonseca, según indicó Revista Qué Pasa.
Fonseca es abogado de la Universidad de Chile y, según la página de la Contraloría General, ingresó a la institución «en 1979 como abogado a la División de Coordinación e Información Jurídica, en el año 1987 se incorporó a la División Jurídica al Comité de Empresas, en 1998 fue designado como jefe del Comité de Estatutos de dicha División y llegó a su cargo como jefe de la División de Personal de la Administración del Estado en el año 2008».
En su reemplazo asumió el actual Contralor Regional de Valparaíso, Víctor Hugo Merino.
Junto con el despido de Fonseca también se realizó una reestructuración del equipo de la división. De esta forma fueron degradadas de sus cargos Marta Morales, quien pasó de ser subjefa de división a jefa de área, y Alexandra Guaita, quien era la jefa de área y pasó a ser abogada informante.
Los cambios se dan en el marco de la crisis al interior de Gendarmería por las «pensiones abultadas» que recibieron ex funcionarios de la institución a los que se les habría subido el sueldo de forma arbitraria, con el fin de aumentar sus pensiones, esto a pesar de antecedentes en dictámenes de los años 1995 y 1998, en los que se establecía que no era posible que las pensiones excedieran un tope de 60 UF.
Caso que explotó tras conocerse la pensión de más de $5 millones que recibe la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), quien se desempeñaba como funcionaria de la institución.
Además, el Contralor General en junio de 2016 instruyó un sumario administrativo al interior de la institución, en el que se estaría investigando todas las asignaciones aprobadas desde el año 1999 y aquellos casos en que se evidencien «asignaciones críticas, transitorias, o donde se detecta un evidente abultamiento», las cuales están siendo pasadas al Ministerio Público.
