La periodista María Teresa Nielsen denunció que para lograr la reparación de su vehículo -que resultó destruido producto del desborde del río Mapocho- queda para ella prohibido dar declaraciones a cualquier medio de comunicación.
«El 17 de abril perdí mi auto producto del desborde del río Mapocho, debido al nuevo cauce que Costanera Norte y Sacyr Chile construyeron para mitigar el crecimiento del mismo por anuncio de lluvias, y no afectar así los trabajos que realizaban en pleno río», comienza relatando la periodista María Teresa Nielsen en una carta publicada hoy en El Mercurio.
«A tres meses del hecho, y tras largas conversaciones con la liquidadora de seguro representante de Sacyr Chile, se puso un precio a los daños que no fueron cubiertos por mi seguro, llegando a un acuerdo de $250.000 aproximadamente por concepto de prima y deducible», agrega.
«Para terminar el conflicto, se me envió una propuesta de contrato que, entre otras, contenía una cláusula excluyente en la que se me prohibía dar entrevistas y hacer declaraciones complementarias a cualquier medio de prensa, sea este escrito, radial, electrónico o televisivo. Así también quedaba prohibido realizar declaraciones en portales de noticias y hacer difusión del tema a través de redes sociales. Como si lo anterior fuera poco, se establecía que tampoco podía realizar declaraciones en contra de Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., ni de Sacyr Chile S.A., ni del Ministerio de Obras Públicas, ni del fisco de Chile. No siendo suficiente, las obligaciones de confidencialidad tenían una duración mínima de 10 años. Por último, se establecía que la infracción de la misma daría derecho a Sacyr Chile S.A. a solicitar la devolución de toda suma pagada, más reajustes e intereses», prosigue.
«No firmé dicho contrato y se me notificó el cierre del caso. Al respecto, me quedan algunas reflexiones: Soy periodista y no firmé por el carácter abusivo del documento, que coarta tanto la libertad de expresión como el ejercicio de mi profesión, la cual tiene un deber cívico y social basado en informar con objetividad y responsabilidad, a lo que no estoy dispuesta ni debo renunciar», declara.
«Luego, el excesivo y desmedido tiempo de silencio, al igual que el abanico de instituciones a no referirse, deja en interrogante hasta qué punto las instituciones pertinentes y fiscalizadoras están al tanto o forman parte de este acuerdo. Resulta evidente que una negociación de esta naturaleza se selle con un acuerdo que deje a las partes conformes. Lo que aún no se logra entender es que ni a Costanera Norte ni a Sacyr Chile le baste con haber dañado a cientos de personas con cifras millonarias, sino que además pretendan ser dueños de mi silencio por más de una década, a un precio de $25.000 anuales», recalca la periodista.
«Finalmente, si el Estado cumple el rol de garantizar el bien común, ¿cómo es posible que esté incluido? No acepto ese ni ningún otro monto, y me quedo con una enorme sensación de desamparo frente a los eternos poderosos, pero con mi verdad y libertad», concluye.
