Informe de seguimiento a la auditoría realizada por Contraloría a Dipreca fue enviado a Interior
El Contralor General de República, Ramiro Mendoza, señaló -en un informe de seguimiento del año 2014- que Dipreca, tras ser auditada por la institución, respondió que la funcionaria de Gendarmería, Myriam Olate, no cumplía con «ninguno de los requisitos exigidos por la citada ley N° 19.195, por ende no corresponde que solicite traspaso de imposiciones a la DIPRECA».
Este martes, el Contralor General, Jorge Bermúdez, ordenó a Dipreca -mediante oficio N° 58.769- iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige para su otorgamiento.
Entre esos 11 funcionarios se encuentra Myriam Olate, la ex esposa del diputado PS, Osvaldo Andrade, y que percibía una pensión de 5.214.799 pesos mensuales, desde que optó por el «retiro voluntario» en octubre de 2015 y dejó su cargo como Subdirectora Técnica de Gendarmería.
En el texto el Contralor dio cuenta de que en el año 2012 se generó una Auditoría a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), en la que se advertía que «Olate Berríos no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional (Dipreca)».
Información que fue reiterada en el año 2014, en un informe de seguimiento que data del 7 de octubre de ese año, según indica La Tercera. Este informe, que fue enviado al entonces titular del Ministerio del interior, Rodrigo Peñailillo, determinó que la solicitud no había sido procesada, ya que «Gendarmería no dio respuesta a la solicitud de Dipreca».
El texto señala que “la señora Olate Berríos fue dada de baja del sistema previsional, toda vez que se encuentra erogando imposiciones en esta institución desde octubre de 2010, fecha desde la cual ostenta un cargo de contrata destinada a la Dirección Nacional».
También explica que Gendarmería no dio respuesta y se abstuvo «de remitir las erogaciones de los funcionarios observados y además de abstenerse de remitir las erogaciones de los funcionarios que han sido dados de baja de los sistemas previsionales de la Dipreca” y da un plazo de 40 días hábiles para responder.
