A juicio de la entidad gremial, existe un protagonismo excesivo de fiscales a través de redes sociales y medios de comunicación.
A través de un comunicado de prensa, el Colegio de Abogados entregó su apoyo al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en relación a su decisión de marginar del caso Corpesca y abrir un sumario en contra del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.
«En relación con las actuaciones del Fiscal Nacional en el ejercicio de sus funciones, el Colegio hace saber a sus asociados la postura del Colegio expresada en la Comisión Nacional de Coordinación Sistema Justicia Penal. Ante esa Comisión, el Colegio, haciendo ver los problemas que tienen los abogados en el ejercicio de sus funciones, planteó, entre otras cosas, la existencia de problemas originados en la injerencia indebida de los medios de comunicación, promovida esencialmente por los Fiscales del Ministerio Público», parte señalando el texto.
La entidad gremial consigna que «con ello» se producían «distorsiones en las decisiones de persecución penal pública en causas de alta connotación pública, incluyendo calificaciones excesivas durante la etapa de investigación».
Como asimismo, prejuzgamiento: «Las declaraciones a los medios de prensa con imputaciones públicas a los imputados hechas fuera de audiencia y mediante entrevistas, excediendo la entrega normal de información sobre el funcionamiento del sistema de administración de justicia».
«Protagonismo excesivo de fiscales a través de redes sociales y medios de comunicación: Entrevistas sistemáticas sobre su función pública; perfiles; vida personal; experiencia; etc., lo que incide en la percepción pública del rol que están llamados a cumplir y, en especial, de su deber de objetividad investigativa», indica el Colegio de Abogados.
«Relación de Fiscalías con medios de comunicación: Utilización estratégica de los medios antes de audiencias de formalización u otras, que exigen pronunciamiento judicial respecto de derechos de los imputados (cautelares o condenas, por ejemplo)», acota.
«Todo esto afecta al principio básico de presunción de inocencia, que los propios Fiscales son los primeros llamados a respetar según lo ordena el artículo 77 del Código Procesal Penal, y en el artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que les exige investigar con igual celo, no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen», resalta.
Por todo lo anterior, «apoyamos al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público en su misión de obtener el cumplimiento de la ley, para asegurar la imparcialidad del juzgamiento como manifestación del principio constitucional de igualdad ante la ley», concluye.
