El informe señala que «la alta concentración e integración vertical y horizontal de las empresas» en Chile ha permtido el «florecimiento» de carteles, cuyos autores son grandes empresas que poseen decisivas cuotas de mercado que les han permitido administrar «a su antojo el negocio».
Por 61 votos a favor, 1 en contra y 24 abstenciones, la Sala de la Cámara respaldó el informe de la Comisión investigadora de las condiciones generadas por el Estado, a través de la política forestal expresada en el decreto ley N°701, como factores que favorecieron un escenario de colusión.
El citado informe, que fue expuesto a la Sala por el presidente de la Comisión investigadora, diputado Daniel Núñez (PC), señala que «la alta concentración e integración vertical y horizontal de las empresas» en Chile ha permtido el «florecimiento» de carteles, cuyos autores son grandes empresas que poseen decisivas cuotas de mercado que les han permitido administrar «a su antojo el negocio».
«La colusión forma parte de los delitos económicos o también llamados delitos de ‘cuello y corbata’ y que por su carácter altamente secreto e invisible pueden convertirse en una negativa tendencia para nuestro país. Se trata de lso atentados más grave para la libre competencia».
Añade que el producto más afectado por al colusión investigada entre las empresas CMPC y SCA Chile S.A , fue el papel higiénico, seguido por las toallas de papel y servilletas, cuyos sobreprecios y perjuicios fueron a costa de millones de consumidores que fueron víctimas de un mercado abusivo y desigual.
«Nos parece altamente reprochable que dos grandes y prestigiosas empresas, una de origen chilena y otra sueca, hayan utilizado su poderío para abusar de la confianza y perjudicar a millones de familias chilenas», sostiene el texto aprobado.
Se deja constancia del modus operandi utilizado para ocultar información y borrar los datos de estos acuerdos, y el desarrollo de una metodología para monitorear el mercado y ajustar el cumplimiento de los acuerdos entre las mencionadas empresas.
En materia institucional, la comisión lamenta el exceso de celo que existe entre instituciones públicas, que debilita la acción del Estado en la persecución integral de la colusión y de eventuales otros delitos que la rodean.
Por ello, plantea que se hace necesario fijar normas y procedimientos claros que permitan asegurar la cooperación e intercambio de información clave entre los diferentes organismos mandatados para detectar delitos económicos y/o penales.
La comisión precisa que esta investigación se desarrolló en paralelo a la discusión parlamentaria del proyecto de ley que establece normas para la defensa de la libre competencia, destacando que en el dicho texto se encuentra presente una serie de propuestas, las que permitirán subsanar las debilidades que actualmente nos rigen en esta materia.
En el mismo sentido, proponen que en dicho cuerpo normativo se debe ampliar la facultad de iniciar el procedimiento penal en el delito de colusión, ya que se entrega esta en forma exclusiva a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), proponiendo que también se incorpore al Ministerio Público.
Asimismo, se propone revisar la ley de Sociedades Anónimas para mejorar los mecanismos de control de los directorios de las empresas a fin de evitar prácticas colusiorias, y para limitar la concentración y se asignen cuotas máximas de participación de mercado.
El cuanto a la concentración en la industria forestal, el informe aprobado solicita al Ministerio de Agricultura acelerar el envío de un proyecto de ley sobre el Servicio Nacional Forestal (que reemplazaría a la Conaf), requisito indispensable para el diseño de una política forestal. También se solicita al Servicio de impuestos Internos (SII) que informe sobre cómo opera el mecanismo de exención para el pago de impuesto territorial en la actividad forestal.
Se solicita, asimismo, al Ministerio de Economía agilizar la tramitación del proyecto que modifica la Ley del Consumidor, respaldando la propuesta contenida en tal texto, que otorga al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la facultad de que también falle la compensación a los usuarios, lo cual agilizará los procesos.
Además, se plantea que para un mayor avance en la materia, se debería contemplar que las empresas que reconocen colusión entreguen un plan de compensación razonable y proporcional al daño causado y siempre en dinero. Finalmente, se postula que la reposición de cárcel efectiva para el delito de colusión, aumento de multas, y el pago de indemnizaciones inhiba la proliferación de carteles que perjudiquen a los consumidores.
