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Jubilazo: ocho efectivos de gendarmería serán interrogados por millonaria pensión de Myriam Olate

Jubilazo: ocho efectivos de gendarmería serán interrogados por millonaria pensión de Myriam Olate

Max Pavez, abogado querellante, afirmó que «si bien las futuras actuaciones del Ministerio Público son importantes, para nosotros la más urgente es que cuanto antes la ministra de Justicia, Javiera Blanco, declare ante la persecutora que lleve la causa. Nosotros no nos perdemos”.


Ya están agendados los interrrogatorios a ocho efectivos de Gendermería, con el objetivo de que expliquen las circunstancias en que la ex funcionaria de la institución, Myriam Olate, recibió una jubilación de más de $ 5 millones.

La fiscal Tania Sironvalle será la encargada de realizar dichas diligencias, en el caso que actualmente está en la Fiscalía Centro Norte. ¿La idea? Armar el rompecabezas y aclarar el proceso que culminó con la abultada pensión. Después de finalizado este primer paso, se procederá a ver si hubo infracciones. En caso de haberlas. corresponde saber si son del ámbito administrativo o penal, informa La Tercera.

El martes 20 comienza esta primera parte, con las declaraciones que, se espera, se prolonguen por una semana. Todos irán en calidad de testigos y, la mayor parte de ellos, realizaron labores en el Departamento de Recursos Humanos de la institución.

Según la fiscal, los ochos interrogados tuvieron acceso a algún grado de información sobre el proceso que permitió la pensión de la esposa de Andrade. Según informa La Tercera, «los citados on el jefe de la subdirección de Administración y Finanzas, el encargado del Departamento de Contabilidad y el jefe del Subdepartamento de Recursos Humanos. Dentro de esta última unidad, la persecutora pidió contar con la presencia del jefe de Reclutamiento y Selección; el encargado del Subdepartamento de Beneficios de Personal; el administrador y el jefe de Pensiones.

La razón por la cual Sironvalle optó por tomar las declaraciones de los testigos a esta altura de la investigación, es porque ya está realizado el análisis de la documentación que la PDI y el Ministerio Público incautaron a mediados de julio, cuando se requirió información acerca de las liquidaciones de suelo de Myriam Olate y, además, de otros 24 ex funcionarios de Gendarmería.

Lo solicitado fueron las planillas de suelo de los últimos tres años, de un total de 25 ex empleados. Asimismo, se pidieron los decretos de nombramiento, las evaluaciones que tuvieron a lo largo de sus carreras y los documentos que acreditaban los ascensos y destinaciones, para conocer cómo fueron evolucionando los pagos de dichos funcionarios y si acaso se ajustaron a los conductos correspondientes.

A modo general, se intenta constatar si los investigados incurrieron o no en aumentos ilegales de sus remuneraciones con el objetivo de, eventualmente, acceder a una pensión mejor. De este modo, la fiscal usará la siguiente estrategia con los citados: ¿Corresponden estos procesos a prácticas comunes y corrientes en Gendarmería?

Próximas diligencias

Max Pavez, abogado querellante, afirmó que «si bien las futuras actuaciones del Ministerio Público son importantes, para nosotros la más urgente es que cuanto antes la ministra de Justicia, Javiera Blanco, declare ante la persecutora que lleve la causa. Nosotros no nos perdemos”.

El abogado agregó que lo ocurrido en el Parlamento, “donde se rechazaron las acusaciones constitucionales, no mengua en nada nuestra convicción que ella de algún modo está vinculada con situaciones irregulares en Gendarmería”.

Mientras tanto, la comisión investigadora de la Cámara investigará las pensiones de la institución. Hasta ahora, se encuentra -todavía- en proceso de determinar quiénes serán citados.

Jaime Pilowsky, parlamentario que participa en la instancia, expresó que “vamos a revisar la forma en que se otorgaron estas pensiones, como si se cumplieron las normas legales y las resoluciones que existían de la Contraloría General”. Añadió que “solicitaré citar a las autoridades de Gendarmería, de Dipreca y del Ministerio de Justicia. Una de las autoridades que debemos escuchar es al contralor Jorge Bermúdez”.

Por su parte, el diputado Jorge Ulloa puntualizó que “mi objetivo es descubrir si existió intención de defraudar, y si así lo fue, quién incurrió en esta conducta y para quién o quiénes”.

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