Tras duros juicios por la falta de fiscalización y sistemas de control en el Ejército, el informe que contiene críticas y recomendaciones y será entregado, una vez aprobado , al Contralor, Ministro de Defensa y Ejército.
Después de nueve meses de trabajo, la comisión investigadora por el fraude en el Ejército con fondos de la Ley Reservada del Cobre expondrá sus conclusiones para ser votadas en la Cámara. Informe que establece responsabilidades en varios generales del Ejército, críticas por ausencia de adecuados sistemas de control y fiscalización y la necesidad imperiosa de derogar la Ley Reservada y establecer un nuevo sistema, de financiamiento para la defensa nacional.
Así lo precisó el presidente de esta instancia, el diputado DC Jaime Pilowsky, quien agregó que “además de la ausencia de sistemas de control en el Ejército, se detectó una pasiva acción de supervisión por parte del Ministerio de Defensa y de la Contraloría General de la República, lo que creó una ‘tormenta perfecta’ para cometer el fraude».
El informe que se votará hoy y que incluye 22 recomendaciones, señala entre las principales conclusiones la “ausencia de efectivos planes de control en una serie de organismos, sumando negligencia” , lo que posibilitó que un grupo de funcionarios del Ejército y proveedores se apropiaran de $6 mil millones, en un hecho que sigue siendo investigado por la Justicia.
Pilowsky precisó al respecto que “no solo hay responsabilidades penales de aquellos funcionarios que fueron parte del fraude, que hoy investiga el ministro Omar Astudillo, sino que también un actuar negligente, principalmente de los generales que estuvieron a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) que administra los fondos de la esta ley».
Agregó que “no existía un proceso de gestión de riesgo, no se verificaba la autenticidad de facturas en el Servicio de Impuestos Internos, y los controles de inteligencia militar no funcionaron. Nada explica cómo un cabo de ejército apueste en un casino más de $2.300 millones durante 5 años y no salte ninguna alarma».
Pilowsky entregará copia de las conclusiones al Ministro de defensa, al Contralor de la República y al Comandante en Jefe del Ejército, pidiendo al Gobierno que ponga urgencia a varios proyectos que han sido presentados durante esta investigación como la homologación de los plazos de la prescripción de la responsabilidad administrativa, y el que obliga a los funcionarios públicos a asistir a las comisiones investigadoras hasta dos años después de dejar el cargo. Por otra parte , espera que el Gobierno asuma el compromiso de derogar la Ley reservada del Cobre y que avance en un nuevo sistema de financiamiento.
Sobre el ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, la comisión concluyó que “no ejerció adecuadamente su rol de supervisión de los oficiales que se encontraban a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y Contraloría del Ejército, reparticiones destinadas por un lado a administrar y, por otro, a controlar los recursos destinados a la institución». También se le atribuye falta de diligencia al no atender recomendaciones de la Contraloría en sus auditorías e investigaciones especiales.
Sobre la Contraloría General del Ejército, concluyen que no cumplió su misión de control y fiscalización. Se les atribuye una responsabilidad directa a los generales «Andrés Polloni Contardo, Jorge Guzmán Fredes e Iván González López, que dirigieron este organismo en el período en que se extendieron los ilícitos».
También se responsabiliza a los oficiales superiores «Fernando Grossi García y Carlos Frez Ramírez, por pagar facturas materialmente falsas, y otras cuya documentación de respaldo contenía firmas falsificadas, incluso de personal no autorizado para suscribir tales documentos». Ninguno de estos oficiales verificó en línea con el SII la autenticidad de las facturas, que permitió pagar a los proveedores.
Sobre el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), se responsabiliza por falta de control a los «generales que lo dirigieron Antonio Cordero Kehr, Jorge Salas Kurte, Miguel Muñoz Farías e Iván González López, ya que como jefes superiores «actuaron de manera negligente en el cumplimiento de sus obligaciones».
