EDITORIAL
No se trata solo de un debate sobre una crisis de capitalización de Codelco, sino también del cuidado político que se debe tener para conservar sustentable el principal activo de Chile en materia minera, el cual, dada su magnitud financiera y de operaciones, siempre estará en la mira de los grandes capitales privados, chilenos y extranjeros.
Poco se entiende la enrevesada comunicación pública en torno a la gestión y las cifras de Codelco. Déficit estructural en materia de inversiones desde hace muchos años, temor a inviabilidad futura de la empresa por falta de capitalización, atrasos en innovación, y aumentos de su deuda, que –entre 2004 y 2015– pasó de US$ 3.772 millones a US$ 13.083 millones, paradójicamente en medio de uno de los mejores ciclos conocidos de precio del metal, son parte de los asertos y guarismos escuchados reiteradamente.
La causa principal mencionada es el tipo de relación que existe entre la empresa y su propietario: el Estado de Chile. Este, se dice, tiene una visión instrumental de la minera y la empuja a una gestión de corto plazo, tensionada por el presupuesto fiscal anual y con una presión a centrarse en los costos operacionales. Ello la habría hecho perder visión estratégica y llevado a su estado actual.
Es efectivo que en los aspectos microeconómicos existe una fuerte presión corporativa de grupos internos, como sus poderosos sindicatos, y externos, por apropiarse de las oportunidades financieras y de poder que brinda la empresa. Parlamentarios, generalmente de las zonas donde se ubican sus principales faenas, que tratan de copar con adeptos sus cargos directivos. Y grupos que, usando sus posiciones de poder e intermediarios testaferros, intentan controlar o controlan sus servicios y contratos externalizados. Pero esto solo explicaría en parte los problemas que enfrenta hoy la minera estatal.
Codelco es una empresa de nivel mundial en materia de minería cuprífera, y es una fuente de enormes recursos líquidos para el Estado de Chile. Desde 1976 hasta el 2015 ha entregado al fisco excedentes por U$98.280 millones de dólares, además de los U$24 mil millones por concepto de Ley Reservada del Cobre a las FF.AA.
Entre 2004 y 2015, Codelco ha traspasado US$ 56 mil millones al fisco, casi el doble de lo aportado en toda la historia anterior de la entidad, pero ello no significó una previsión especial de capitalización y, por el contrario, su déficit se triplicó. La responsabilidad hay que buscarla en los ministros de Hacienda de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, esto es, en Andrés Velasco y Felipe Larraín, respectivamente. Fueron ellos determinantes en el actual endeudamiento y no capitalización de la empresa, debido a sus políticas.
Entre 1976 y 2015 el Estado apenas capitalizó a la minera con un total de U$10.112 millones de dólares, lo que equivale a menos del 10% del excedente generado por ella, y se sitúa muy por debajo del promedio de 39% que presentan las mineras privadas. De los dineros de capitalización, apenas un 30 por ciento corresponde al período 2004-2015, que es el ciclo con precios más favorables.
Tales cifras permiten captar que lo que existe es una relación irracional entre propietario y ejercicio de gestión del activo más importante del país, en el que han coincidido los gobiernos de centroizquierda y el de derecha, particularmente desde el año 2000 hacia acá.
Esto requiere un debate político y estratégico para el Estado de Chile, que obliga a analizar con atención las responsabilidades de la gestión, sus énfasis, el tipo de políticas que se adoptan, el reclutamiento del personal directivo y el curso previsible de la gerencia que, de no mediar un interés claro del Estado, puede perfectamente conducir a un inevitable túnel que lleve a una “privatización blanda” de la empresa.
Es más, esto último ha sido prácticamente “solicitado” en editoriales de otros medios de prensa, y, de alguna manera, constituye la sombra –más bien, la desconfianza– que cubre el difícilmente explicable exabrupto del actual presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, en torno a la liquidez de Codelco y sus dificultades de capitalización. No es entendible que un ejecutivo de ese nivel cometa el “error” de comunicar informal y brutalmente al mercado que la empresa que preside no tiene “un puto peso”, influyendo con ello incluso los costos de endeudamiento de la cuprífera, y que no haya pagado ninguna consecuencia por ello. Sigue en su cargo, como si nada. Quizás lo expresado era precisamente lo que algunos “poderosos” –¿posibles futuros inversionistas?– querían escuchar.
Ella es susceptible de una prospectiva que puede tener errores de apreciación, pero donde es posible e indispensable trazar un curso predecible. La sensación que predomina es que, en el caso de Codelco, los últimos gobernantes del país, desde un par de décadas hacia acá, se han omitido en esta materia.
Según declaraciones del presidente del Directorio, Óscar Landerretche, los precios del cobre –que pareciera ser uno de los aspectos más volátiles en la gestión– evidencian que “en el largo plazo se mueven en promedio en torno a los 2 dólares la libra de cobre”. Ello indica que los precios experimentados entre 2006 y 2014 fueron excepcionales y transitorios, algo que una gerencia altamente profesional seguramente percibió. Sin embargo, fue el período de mayor alza de su deuda, sin que se hiciera prácticamente nada para impedirlo.
[cita tipo=»destaque»]La convivencia público-privada ha generado una red intercambiable de ejecutivos entre Codelco y las mineras privadas. Tal cosa parece natural, pues Codelco es socio de algunas en determinados yacimientos, y ocupa un lugar de privilegio en el ranking internacional del cobre. Sin embargo, dicha red puede llegar a ser demasiado densa, dadas las dimensiones e importancia de los negocios de la minera estatal. Podría constituirse en un riesgo si no se establecen límites y controles muy claros.[/cita]
Desde otro punto de vista, no existen proyectos mineros viables si se omite su dimensión ambiental. Tampoco si carecen de seguridad hídrica. En esto Codelco se ha movido de manera más que ambigua. Ha eliminado unidades medioambientales en lugares como El Salvador, Gabriela Mistral o Ministro Hales, pese a que la empresa tiene pésimos antecedentes en materia de contaminación, que requiere innovación en esta materia, y que a la gerencia le preocupa que los mercados internacionales en un futuro cercano eventualmente reaccionen negativamente al ingreso del concentrado de cobre chileno por su nivel de contaminantes.
Directamente vinculado a lo anterior, se da el problema hídrico, en el cual Codelco tiene altos riesgos. Según lo ha declarado expresamente su presidente ejecutivo (2015), “la situación de abastecimiento de agua en las operaciones mineras de la Región de Antofagasta es crítica, afectando seriamente sus proyectos de futuro”.
La escasez de agua no es algo nuevo en el país. Lleva más de 10 años como tema riesgo en la agenda productiva, razón por la cual no se entiende el atraso de Codelco para enfrentarlo, con mayor aprovechamiento de agua de mar, por ejemplo, al igual como lo está haciendo la minería privada.
Son muchos los aspectos de la gestión de Codelco, además de sus relaciones con el propietario, que debieran ser sometidas a una auditoría de procedimientos, para determinar responsabilidades y/o enmendar errores. No solo el tema de su liquidez y capitalización.
La preocupación acerca de que Codelco esté siendo presionada desde dentro con el objetivo de privatizarla no es reciente. Siempre ronda los debates sobre el curso de gestión de la minera estatal. Según una de las opiniones, esto ya ha ocurrido con anterioridad con la educación, la salud, la previsión y muchas otras cosas. Por ello causó tanto escozor el exabrupto del presidente ejecutivo acerca de la falta de liquidez de la empresa.
Según un miembro de la Comisión de Minería de la Cámara, “el estado en el que se encuentra Codelco Chile da para pensar y sospechar que efectivamente pudiera haber algo detrás…, colocándola en una situación financiera tal que justificara una privatización por administración delegada o un joint venture, o entrada de accionistas minoritarios, es decir, una privatización blanda”.
La convivencia público-privada ha generado una red intercambiable de ejecutivos entre Codelco y las mineras privadas. Tal cosa parece natural, pues Codelco es socio de algunas en determinados yacimientos, y ocupa un lugar de privilegio en el ranking internacional del cobre. Sin embargo, dicha red puede llegar a ser demasiado densa, dadas las dimensiones e importancia de los negocios de la minera estatal. Podría constituirse en un riesgo si no se establecen límites y controles muy claros.
Sin ir más lejos, el año 2012, el entonces presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, quien estuvo antes en BHP Billiton y Anglo American, renunció sorpresivamente a su cargo para pasar a desempeñarse en uno similar en Antofagasta Minerals, de propiedad del grupo Luksic. Fue reemplazado por Thomas Keller, quien el 2001 también lo había reemplazado en Minera Collahuasi, propiedad de Anglo American y Xstrata Cooper. En junio de 2014, Keller fue reemplazado por Nelson Pizarro, actual presidente ejecutivo en ejercicio, quien también ya fue un alto ejecutivo de Antofagasta Minerals.
De ahí que no se trata solo de un debate sobre una crisis de capitalización de Codelco, sino del cuidado político que se debe tener para conservar sustentable el principal activo de Chile en materia minera, el cual, dada su magnitud financiera y de operaciones, siempre estará en la mira de las grandes capitales privados, chilenos y extranjeros.
