El presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas señaló que los países siguen sin cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas su opinión sobre los proyectos que les puedan afectar. Pese a que Perú, Chile y Colombia son algunos de los que cuentan con procedimientos «más o menos claros» sobre lo que debe ser la consulta a los pueblos indígenas, dijo no tener la «convicción de que se haya cumplido» efectivamente.
El guatemalteco Álvaro Pop, presidente del Foro permanente de la ONU sobre cuestiones indígenas, denunció hoy que los países siguen sin cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas su opinión sobre los proyectos que les puedan afectar.
Pop señaló en una rueda de prensa en Roma que el cumplimiento de dicha consulta, establecida en el Convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, representa en la actualidad la prioridad de esos pueblos.
Pop reclamó reglamentar ese convenio para garantizar los derechos de los indígenas, quienes -añadió- están siendo perseguidos por defenderlos y son víctimas de asesinatos y de la expulsión de sus tierras. «La consulta no se ha cumplido en ninguna parte del mundo», subrayó Pop, al margen de experiencias de diálogo como las que haya podido haber en países como Canadá.
Perú, Chile y Colombia son algunos de los que cuentan con procedimientos «más o menos claros» sobre lo que debe ser la consulta a los pueblos indígenas, si bien el representante dijo no tener «convicción de que se haya cumplido» efectivamente. «La consulta tiene que ser del Estado, tiene que tener la coercitividad del Estado con el consentimiento de los indígenas», aseguró Pop.
La ONU presentó este año un plan de acción para impulsar el cumplimiento de su declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en un intento de trazar una hoja de ruta en coordinación con todas sus agencias.
Dentro de ese sistema, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha elaborado un manual con otros socios para la aplicación práctica del consentimiento previo, libre e informado de los indígenas en la gestión de sus proyectos de cooperación.
El especialista de la FAO en estos asuntos Yon Férnandez de Larrinoa explicó que han incorporado estándares que deberán respetar sus nuevas iniciativas, hasta el punto de no haber aprobado algunas por no contar con el procedimiento del consentimiento.
Una de las personas que han trabajado en ello, la boliviana Carol Kalafatic, recordó que se busca garantizar que los indígenas participen en los proyectos implementados en sus territorios o que les puedan afectar.
No basta solo con llevar a cabo la consulta. Para la experta, los indígenas deben informarse previamente de todo lo que les repercute en los canales que ellos entiendan y ser consultados con el tiempo suficiente para que puedan tomar una decisión propia. «El consentimiento y la consulta no son sinónimos. En cada etapa del proceso los indígenas tienen derecho a decir no al proyecto» y que su opinión se tome en cuenta, recalcó Kalafatic, que consideró inválidas aquellas votaciones que surgen a raíz de las protestas indígenas por proyectos ya en marcha.
Se calcula que existen unos 370 millones de indígenas en más de 90 países, los cuales representan alrededor del 15 % de la población pobre del planeta y conservan el 80 % de la biodiversidad.
