La iniciativa, que permitirá a las instituciones acceder a los beneficios desde el 2017, con un total de 36 votos emitidos, de los cuales 11 fueron en contra y dos fueron abstenciones, por parte de los senadores Francisco Chahuán (RN) y Alfonso de Urresti (PS), ahora vuelve a la Cámara de Diputados para ser revisada por la comisión de Educación.
La diputada y subjefa de la bancada DC, Yasna Provoste, valoró la aprobación en el Senado del proyecto de ley que permite que los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) puedan transformarse en instituciones sin fines de lucro.
Al respecto, la parlamentaria señaló que “hemos pedido durante años la exigencia de que aquí no se puede lucrar con recursos públicos y creemos que ya el año 2014 se dio un paso muy importante con la Ley de Inclusión que buscaba terminar con el lucro, la selección y el copago en los establecimientos educacionales y ahora, por cierto, esta transformación para que los CFT también se conviertan en instituciones sin fines de lucro es algo que nos deja muy satisfechos”.
Asimismo, Provoste agregó que “nosotros creemos que acá es fundamental que el país apueste por revitalizar la educación técnica profesional y para eso necesitamos también que los estudiantes de CFT accedan a la gratuidad tal como hoy día lo hace un porcentaje muy importante de estudiantes universitarios”.
A través de esta ley, los centros de formación técnica e institutos profesionales que así lo decidan podrán transformarse en instituciones sin fines de lucro, lo que les permitirá acceder a ese beneficio en 2017, si cumplen con todos los requisitos de la ley.
“Acá hay un gran incentivo para los CFT, que tiene que ver con la gratuidad, ya que en la medida que los estudiantes sepan que van a poder acceder también a diferentes CFT de manera gratuita, eso también es un incentivo claro en aumentar la matrícula”, puntualizó.
Provoste destacó que, en este mismo contexto, el Mineduc creó las becas Nuevo Milenio II y Nuevo Milenio III, destinadas a jóvenes pertenecientes al 50% de la población de menores ingresos del país, matriculados en CFT e IP -entre otras instituciones- que sean sin fines de lucro o que se hayan comprometido a cambiar su naturaleza jurídica y cuyos montos dependen de la cantidad de años de acreditación con la que cuenten las respectivas casas de estudios.
“Estamos en la línea en que esto significa avanzar también a un país más justo, un país que no discrimine respecto de estudiantes que van a universidades o a un centro de formación técnica de manera de poder acceder a un esfuerzo que hacemos como país en materia de gratuidad en la educación superior, entendida ella también a centros de formación técnica, pero hay que superar un escollo que hoy día existe en nuestro país y creemos que esta transformación a que los CFT sean sin fines de lucro es el paso básico para poder iniciar ya este camino a la gratuidad”, sentenció.
