«Acabo de hablar con Consuelo Palma y Renata Sandrini, ambas trabajaron en la Fundación Cultural de Providencia en el equipo encabezado por Eugenio Llona, el periodista que nombró en ese cargo Josefa Errázuriz. Consuelo -gestora cultural- y Renata -abogada- sufrieron el maltrato del señor Llona durante meses (…)”
Oscar Contardo, a través de su cuenta de Facebook, expresó que ya no votará por Josefa Errázuriz en la comuna de Providencia, ya que “lamentó haber confiado en ella” y la acusó de no entregar ayuda a trabajadoras de la Fundación Cultural de Providencia frente a una denuncia de acoso y maltrato en contra del periodista Eugenio Llona -designado por la alcaldesa en la jefatura de dicha repartición cuando comenzó su periodo edilicio- y que después de dos años en el cargo presentó su renuncia.
Contardo publicó que «acabo de hablar con Consuelo Palma y Renata Sandrini, ambas trabajaron en la Fundación Cultural de Providencia en el equipo encabezado por Eugenio Llona, el periodista que nombró en ese cargo Josefa Errázuriz. Consuelo -gestora cultural- y Renata -abogada- sufrieron el maltrato del señor Llona durante meses (…). Ellas fueron parte de las cinco mujeres que hablaron con Josefa Errázuriz cuando el señor Llona las acosó con correos impropios en donde hacía alusiones a su aspecto físico y a su ropa».
Además, indicó que «la señora Errázuriz las recibió y luego de escucharlas se mostró molesta con ellas, les dijo que «no entendían el sentido del humor» del señor Llona y les pidió que no la volvieran a molestar con esto».
Por su parte, la Fundación Cultural de Providencia publicó una carta en su sitio Web donde su actual directora ejecutiva, María Fernanda García, aclarando lo ocurrido, expresó: «Dichos despidos tuvieron que ver exclusivamente con un proceso de reestructuración del equipo profesional de la Fundación, realizado tras mi llegada como directora ejecutiva, y en ningún caso responden a sancionar el ejercicio del derecho a denunciar acoso laboral que ejercieron. De hecho, varias de las denunciantes se encuentran actualmente trabajando tanto en la fundación como en el municipio». Además explicó que «tras la desvinculación, algunos de los afectados (un trabajador y cuatro trabajadoras) ejercieron su derecho de reclamar despido injustificado ante tribunales. Ese proceso se cerró con un avenimiento en cada uno de los casos».
A esta carta se suman las versiones de fuentes de la municipalidad, que explicaron que los hechos ocurrieron hace más de dos años y que luego de un tiempo se formó un sindicato del que son parte las trabajadoras afectadas. Luego de la denuncia se les solicitó una acusación formal, la cual nunca se realizó, según señalan las fuentes.
Además, explicaron estas fuentes, el asunto llegó a tribunales, donde las partes arribaron a un acuerdo pleno; y que incluso actualmente dos de las trabajadoras -que en ese entonces presentaron denuncia- aún trabajan en el municipio, y una permanece en la fundación.
Por último, las fuentes que conversaron con El Mostrador negaron que el despido de personal ocurrido tras el cambio de directiva fuese sólo de mujeres, ya que en esa oportunidad también fueron desvinculados funcionarios hombres. Asimismo atribuyeron la acusación de Contardo a un aprovechamiento político, debido a la proximidad de elecciones municipales, ya que los hechos ocurrieron hace dos años, según señalaron las fuentes.
