Las Fiscalías Centro Norte y de Valparaíso indagan dos querellas penales presentadas en contra del ex ministro de Economía y el ex subsecretario de Pesca del gobierno de Piñera.
Ricardo Díaz Arellano, de actividad marino mercante, detectó tras comprar una embarcación sobre la existencia de dos «naves de papel» que estaban asociadas al mismo permiso de extracción. Por tal razón, presentó una demanda civil.
La Dirección de Marina Mercante le respondió por oficio que «no es posible emitir certificado de dominio ni número de matrícula de estas naves -llamadas Colomba III y Colomba IV- por cuanto no figura en sus registros. Es decir, estas naves nunca se construyeron».
El permiso de pesca había sido traspasado a la empresa Iquique Guanaye (ahora Orizon), del Grupo Angelini.
A partir de esta denuncia, la Fiscalías Centro Norte y de Valparaíso impulsa una investigación que involucra al ex ministro de Economía Pablo Longueira y el ex subsecretario de Pesca Pablo Galilea, del gobierno de Sebastián Piñera.
En entrevista con Radio Cooperativa, Díaz consignó que, entre 2013 y 2014, presentó una demanda civil en la que pedía una indemnización por daños y perjuicios por 12 mil millones de pesos, la que fue rechazada en el 17° Juzgado Civil de Santiago.
El fallo en primera instancia estableció los delitos, sin embargo no estuvo de acuerdo con el monto de la indemnización. El marino mercante apeló a la Corte Suprema, sin embargo fue rechazada, de forma definitiva, la causa civil.
El abogado querellante en el caso, Manuel Rojas, aseguró a la emisora que no sólo Orizon realiza esta práctica, sino que es un «modus operandi» que también ocupan otras navieras
«Hoy existen 76 naves que supuestamente se construyeron y se pusieron operativas, sin embargo no es así de acuerdo a lo que informa la Armada de Chile», detalló.
En esta causa se indaga además la prevaricación judicial en el caso de los ministros de la Corte Suprema que confirmaron el fallo adverso en la justicia civil. Esto, debido a que el ministro Guillermo Silva es primo de la esposa de Roberto Angilini, pese a lo cual no se inhabilitó.
Orizon respondió que no tiene «nada que decir» respecto a las causas judiciales puesto que no van dirigidas en contra de la empresa del Grupo Angelini.
La compañía señaló que se rigen por el Decreto Supremo 64 de 1992 del Ministerio de Economía, que autoriza y establece los requisitos que se deben cumplir en lo relativo a naves en construcción, que tenían como fin sustituir una nave ya autorizada en el ámbito pesquero y que hubiera sufrido algún siniestro. Ésta, al ser reemplazada, quedaba despojada de su autorización de pesca.
