La Fiscalía Occidente dio cuenta de la existencia de al menos cuatro redes de prostitución de menores compuestas por niñas de entre 13 y 17 años de edad que son internas o antiguas residentes de centros de protección del Servicio Nacional de Menores.
La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente investiga la existencia de al menos cuatro redes de prostitución de menores compuestas por niñas de entre 13 y 17 años de edad que son internas o antiguas residentes de centros de protección del Servicio Nacional de Menores (Sename), informó la prensa este fin de semana.
Según la Policía de Investigaciones (PDI), las cuatro bandas operan en la Región Metropolitana y cuentan con al menos 25 menores de edad a las que obligan a prostituirse. La principal banda tiene unas veinte niñas y está encabezada por una familia que reside en la zona sur de Santiago.
Al respecto, la secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, comentó: «Nos parece de extrema gravedad. El Sename y el Ministerio de Justicia ponen a disposición de la fiscalía toda la información que requiera, todo lo necesario para que se lleve adelante la investigación, se persiga a los culpables y se pueda sancionar con todo el rigor de la ley».
Agregando que “el Sename está siendo objeto del profundo trabajo de la directora del servicio (Solange Huerta) que está llevando adelante toda la investigación necesaria y aportando a la fiscalía toda la información necesaria para esclarecer lo sucedido en las dependencias del servicio y en organismos relacionados”.
A través de un comunicado, la Dirección Regional Metropolitana del Sename declaró: «Hemos estado colaborando para el esclarecimiento de estos hechos, que involucran a personas ajenas al servicio (…) esperamos que prontamente se obtengan resultados que permitan terminar con estos hechos, que vulneran gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Por su parte, el presidente de la comisión investigadora del Sename, Ramón Farías, apuntó que “es una situación tremendamente complicada. Espero que la dirección nacional haya tomado medidas”.
«Hay responsabilidad de los funcionarios que no denunciaron oportunamente a la policía, a la fiscalía, o, por último, a su jefatura. Sobre los funcionarios públicos pesa una obligación de denunciar los delitos cuando se toma conocimiento de ellos», señaló la diputada de RN Marcela Sabat.
En tanto, René Saffirio (IND) calificó la situación como “horripilante”. «Es la demostración más fehaciente que, tras haberse conocido 1.313 muertes en el Sename, nada ha cambiado en la institución. Los abusos siguen, como ha ocurrido históricamente», concluyó.
