Por qué la operación Punta Peuco complica a La Moneda

Los dolores, las pérdidas y las convicciones, los horrores cometidos, víctimas y victimarios, arrepentimiento o aprovechamiento, divisiones profundas, poca verdad, justicia lenta y a veces demasiado acotada. Todos y cada uno son elementos que se han atravesado, chocado y exacerbado nuevamente estos días con el debate público que se abrió, a contrapelo de La Moneda, sobre la posibilidad de entregar beneficios carcelarios a militares y civiles condenados por violaciones de los derechos humanos durante los 17 años de la dictadura. Y la llamada “liturgia del perdón”, que hoy se realizará a las 11:00 horas en el patio de Punta Peuco, pone aún más el dedo en la llaga.

El Gobierno no tenía para nada contemplado enfrentarse a este debate en estos momentos, todas las energías estaban puestas en sacar adelante las prioridades legislativas que definió el oficialismo para su último año. Sin embargo, algunas de sus autoridades confesaron durante la semana que la agenda pendiente de derechos humanos –continuidad de la cárcel de Punta Peuco, beneficios carcelarios, razones humanitarias respecto a militares condenados– efectivamente estaba en carpeta para ser resuelta en el mediano plazo, para los últimos meses de la administración bacheletista y una vez que ya estuvieran cerrados los temas prioritarios.

Ese era el plan original, pero el ministro de Justicia, Jaime Campos, aceleró todo con la entrevista a El Mercurio el domingo 11 de diciembre, donde puso el asunto sobre la mesa. «Es un tema de la máxima importancia y en Chile no hemos tenido el coraje para abordarlo (…) desgraciadamente, todos vamos tomando posiciones sobre esta materia en base a lo que son nuestras visiones o intereses particulares, y no tenemos una mirada colectiva de país. Creo que los derechos humanos son válidos para todo el mundo, sin distinción de ninguna especie. Pero pareciese que algunos no lo creen así”.

Públicamente sus palabras fueron vistas y leídas como una salida de libreto, incluso se le llamó a terreno internamente, puntualmente con llamadas telefónicas desde Palacio. En todo caso, en el Ejecutivo aseguraron que Campos no actuó a espaldas de La Moneda, sino que previo a la entrevista había conversado el punto con sus pares de Interior, Mario Fernández, y de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, de los cuales obtuvo la “venia” necesaria para referirse públicamente a un tema tan espinudo y complicado como este.

En Palacio y en el entorno de la Presidenta aseguraron que Bachelet tiene “muy claro” lo que debe hacer en estos temas, que tiene tomadas decisiones al respecto y que estas solo las hará públicas en el momento que originalmente definió para ello como parte de la etapa de cierre de su Gobierno. Así, hay algunos en el seno de la administración bacheletista que estiman que la apuesta de la Mandataria es reservarse para el 11 de septiembre de 2017, el último que le corresponderá en La Moneda, para un gesto político que permita avanzar en esta área, donde no se descarta para nada el cierre de la cárcel de Punta Peuco.

Hasta entonces, Bachelet trataría de mantenerse al margen lo más posible del debate de los beneficios carcelarios para militares condenados por DD.HH., a la espera de que dicha discusión se encauce a través de los partidos y el Congreso, para explorar alternativas.

Muchos inquilinos de la Casa de Gobierno reconocen que internamente el tema los divide, natural en una administración en la cual muchos de sus funcionarios, asesores y autoridades –desde Bachelet para abajo– fueron víctimas directas e indirectas de los horrores de la dictadura. Están los que apelan a aplicar un criterio humanitario solo en casos de enfermedad terminal, como se hace con el resto de la población carcelaria a través de indultos, y los que rechazan cualquier gesto a personas que no solo no muestran arrepentimiento, sino que tampoco han colaborado nunca con la entrega de información y temen que este tipo de beneficios sea caldo de cultivo para la utilización de subterfugios legales que busquen la impunidad de los violadores de DD.HH.

[cita tipo= «destaque»]En Palacio y en el entorno de la Presidenta aseguraron que Bachelet tiene “muy claro” lo que debe hacer en estos temas, que tiene tomadas decisiones al respecto y que estas solo las hará públicas en el momento que originalmente definió para ello como parte de la etapa de cierre de su Gobierno. Así, hay algunos en el seno de la administración bacheletista que estiman que la apuesta de la Mandataria es reservarse para el 11 de septiembre de 2017, el último que le corresponderá en La Moneda, para un gesto político que permita avanzar en esta área, donde no se descarta para nada el cierre de la cárcel de Punta Peuco.[/cita]

A pesar de la división interna, en Palacio afirmaron que existe la posibilidad de abrirse a las razones humanitarias en estos casos, pero que la idea está en un nivel “muy prematuro” y que es indispensable que antes se definan muy bien en términos médicos los casos de enfermedad mental y terminal, en pos de reducir al máximo el riesgo de “arreglos” para simular una demencia, por ejemplo.

Estos son algunos de los ítems que se discutirán en el comité político del lunes 26 de diciembre, cita en la que los partidos de la Nueva Mayoría deben plantear a los ministros de Palacio –Fernández, Eyzaguirre y la vocera Paula Narváez– sus propuestas, puntos de vista y aprensiones.

En el Gobierno creen que este es uno de esos temas que llega para quedarse en la agenda pública, que el debate no desaparecerá durante el 2017 y que será inevitable que los candidatos presidenciales, todos, se hagan cargo y tengan en su momento que asumir una postura clara, cualquiera sea, sobre este asunto.

Verdad o truco

Los beneficios carcelarios e indultos en casos puntuales a violadores de derechos humanos no es un tema nuevo para la administración bacheletista, aunque hasta ahora siempre mantuvo cerrada la puerta. No hay que olvidar que durante el año se barajó la posibilidad de incluir el punto de las razones humanitarias en el marco de la agenda corta antidelincuencia, lo que no prosperó.

El padre Fernando Montes es uno de los principales impulsores del argumento de aplicar razones humanitarias a los violadores de DD.HH. condenados, lleva al menos cinco años planteando este tema en distintos círculos, de hecho no son pocas las veces en que ha ido a Punta Peuco y solo ahora ha logrado sumar algunas voces, como a las Iglesias evangélicas, desde que se supo que un puñado de condenados estaba dispuesto a pedir perdón por lo que hicieron en dictadura.

La liturgia de hoy no será masiva. De los 120 reclusos que hay en Punta Peuco, se estima que no más de ocho son los que están dispuestos a realizar un acto de perdón, que será individual, no colectivo, además de voluntario y dirigido a las familias de las víctimas de DD.HH. El abogado Raúl Meza dijo ayer que «debe ser entendido como un acto de reparación, de encuentro y reconciliación entre los chilenos», en un intento por tratar de despejar las dudas que imperan en sectores del oficialismo y de las agrupaciones de DD.HH. de que todo está planificado con el objetivo de lograr a cambio beneficios e indultos.

El gestor de la idea en Punta Peuco ha sido Raúl Iturriaga Neumann, ex subdirector de la DINA que está condenado por varios crímenes, como el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats. Los invitados tampoco son muchos, la lista no supera los veinte, entre los que figuran  el pastor anglicano Pablo Álvarez y dos representantes de la Iglesia evangélica.

De parte del Ejecutivo no asistirá nadie y así lo aseguró ayer la ministra Narváez, quien recalcó no tener antecedentes de la posibilidad de que algún representante de la administración bacheletista haga acto de presencia y reiteró que lo ideal es que «aquellas personas involucradas el crímenes de violaciones a los DD.HH. puedan colaborar con la justicia, puedan aportar con antecedentes para clarificar y poder llegar a la verdad».

Las agrupaciones de DD.HH. no comulgan con la idea de que el Gobierno se abra a aplicar razones humanitarias y dudan que el acto de hoy en Punta Peuco sea genuino, sino que lo ven como “una campaña” para lograr grados de impunidad.

“Repudiamos que el Gobierno y los actores involucrados en esta maniobra orquestada continúen haciendo oídos sordos a las exigencias de las organizaciones de Derechos Humanos y del pueblo, y se mantenga el afán de crear las condiciones políticas para lograr que se legisle en favor de la impunidad», recalcó un comunicado difundido por dichas organizaciones ayer.

El principal argumento es la ausencia de colaboración real de parte de los condenados, considerando que, a la fecha y a pesar de los años transcurridos, de solo 148 de los mil 193 detenidos desaparecidos se ha logrado hallar sus restos e identificarlos.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, sentenció que “esto no es una política de arrepentimiento real, es una política de reconciliación forzada, de impunidad para ellos (…) si ustedes leyeran los procesos, es todo exactamente igual: no estaban ahí, están inculpados por cosas injustas, eran menores de edad. Así como tuvieron la cobardía de asesinar, hoy no tienen la valentía de enfrentar a la justicia».

En el Gobierno confesaron que la relación con las agrupaciones de DD.HH. no pasa por su mejor momento, pese a que esta es una administración de centroizquierda, liderada por una Presidenta socialista y víctima de torturas. Explicaron que reclaman que han sido tratadas por bastante tiempo con distancia por la Mandataria, que no son recibidas ni escuchadas, lo que ha alimentado aún más las suspicacias. Esto se suma a quienes ven también en Bachelet una complicación doble con el tema, pues su otro lado es ser parte de la familia militar, y de ahí que muchos resientan que la Jefa de Estado ha hecho poco y nada en este tema, especialmente cuando se trata de uniformados.