El Banco Central se equivoca: el reparto es un componente necesario para las pensiones en Chile

Los dos problemas del sistema chileno de pensiones están ahora bien puestos sobre la mesa: 1) pensiones insuficientes; 2) falta de protección individual frente a múltiples riesgos importantes.

El primer problema viene de lo bajo de la tasa de cotización obligatoria de 10%. La demografía de Chile, afortunadamente, tiende a converger hacia la de otros países desarrollados, de modo que es necesario, para un financiamiento sano, una mayor cotización y además probablemente el aumento de la edad de jubilación. Las autoridades son responsables de haber sobrestimado los importes que traería el componente voluntario, cuando se sabe que los ahorrantes anticipan mal sus necesidades a largo plazo. Tal vez ellas mismas bajaron la guardia, arrulladas frente a las dulces palabras de algunos organismos internacionales que felicitaban a Chile por la solidez de su sistema de capitalización. En consecuencia, existe una «generación perdida», la de las personas que se jubilan ahora, y es la tarea de cualquier Gobierno evitar que terminen sus vidas en la pobreza.

El segundo problema proviene de un sistema que se basa exclusivamente en la capitalización de contribución definida. Este sistema tiene claras ventajas, incluyendo su fortaleza financiera, pero tiene el defecto de proteger mal a los empleados contra algunos riesgos importantes: la volatilidad de los mercados financieros –en particular las bajas tasas de interés los últimos 10 años; las lagunas previsionales por enfermedad o desempleo; la necesidad de un trato equitativo entre hombres y mujeres; y, por supuesto, el riesgo de una vida más larga, una buena cosa… mientras no sea una vida con una pensión insuficiente–. Es la tarea del sistema financiero, y en particular del sistema de pensiones, manejar estos riesgos mutualizándolos.

Es interesante que aparezcan simultáneamente dos estudios sobre el tema, que conducen a diagnósticos diametralmente opuestos.

El primero proviene de la OCDE, en su Panorama 2016 sobre pensiones. Su primera recomendación es ante todo la necesidad, frente a los múltiples impactos que ocurren en el sistema de pensiones, de diversificar sus fuentes de financiamiento. Ahora bien, Chile tiene el modelo menos diversificado de todos los países de la OCDE. Esta es una fragilidad sistémica. Para contravenirla, el país debe insertar mecanismos de solidaridad en el mismo cálculo de las pensiones, y establecer una forma moderna de reparto que dependa de los años trabajados. Es la única manera realista de solucionar el tema de las bajas pensiones hoy en día y no en 35 años. En la lógica de las recomendaciones de la OCDE, poner la mayor parte del incremento de 5 puntos en la capitalización individual es un contrasentido.

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El segundo estudio proviene del Banco Central, en un informe de enero 2017. A pesar de que cuenta con no dar «un apoyo implícito o explícito a una propuesta específica», concluye con una condena clara al sistema de reparto. Entre los diferentes escenarios para el fortalecimiento del sistema, el reparto acumula todos los inconvenientes: una caída del ahorro, menor empleo y crecimiento.

Es una lástima que el estudio se base en un contrasentido: afirma que las cotizaciones de reparto son “gastos”, mientras que las cotizaciones de capitalización son “ahorros”. Eso es falso. Al pagar mi cotización, es menos ingreso para mí, pero es más ingreso para la persona que recibe la pensión. El efecto final sobre el ahorro dependerá de cuánto esta persona y yo vamos a ahorrar o consumir.

Es un viejo debate que ha ocupado a los economistas en los años 80, donde resulta que a largo plazo el reparto no tiene ningún efecto significativo sobre la tasa de ahorro de los hogares: es solo cuestión de redistribución de ingresos.

Otro error, el estudio afirma que las empresas no perciben mayormente el aumento de la cotización obligatoria como un incremento de los costos laborales cuando va a un fondo individual, a diferencia de cuando se destina a un fondo de reparto. En ambos casos, se trata de un aumento del costo de la mano de obra con efectos casi idénticos.

[cita tipo=»destaque»]Sería un error asimilar el tema de los pensionados pobres simplemente a una cuestión de mera solidaridad, cuya solución dependería solo del impuesto. La crisis de financiamiento de pensiones exige una solución duradera, que busque el mejor equilibrio entre sus fuentes, introduciendo un pilar de reparto moderno, es decir, como es el caso de Suecia, con beneficios más estrechamente relacionados con la duración y el tamaño de las contribuciones, así como con la introducción de mecanismos de distribución de riesgos entre los titulares de derecho. Esta es la reforma que merece Chile[/cita]

En la situación actual en Chile, lo cierto es que los jubilados que recibirían pensiones adicionales son más bien personas de bajos ingresos, mientras que el conjunto de los cotizantes, por definición, percibe un ingreso promedio.

Lo anterior produciría, sin duda, un aumento global del consumo y una baja del ahorro. Pero este efecto se diluirá a través del tiempo y, lo que es importante, no durará más que el período de transición. Y después de todo, aumentar el poder adquisitivo de los pensionados pobres, ¿no es el objetivo político a alcanzar?

Sería un error asimilar el tema de los pensionados pobres simplemente a una cuestión de mera solidaridad, cuya solución dependería solo del impuesto. La crisis de financiamiento de pensiones exige una solución duradera, que busque el mejor equilibrio entre sus fuentes, introduciendo un pilar de reparto moderno, es decir, como es el caso de Suecia, con beneficios más estrechamente relacionados con la duración y el tamaño de las contribuciones, así como con la introducción de mecanismos de distribución de riesgos entre los titulares de derecho. Esta es la reforma que merece Chile.