El demandante además acusa que era obligado a realizar laborales para la esposa del Director del Instituto Nacional de la Juventud.
Una nueva denuncia afecta al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), apuntando a malas prácticas y mal uso de dineros públicos.
El pasado viernes 30 de enero de 2016, el abogado Daniel Ardiles, en representación de Carlos Cisterna, profesional del INJUV, interpuso una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra Nicolás Farfán (DC), director nacional del organismo, en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la cual fue considerada admisible en su totalidad por el tribunal.
En la denuncia el trabajador señala que era constantemente acosado y maltratado por el director del Instituto, quien además le obligaba a realizar gestión de prensa y comunicados para difundir cursos de capacitación que vendía su esposa Romina Pizzoleo -quien no trabaja en el INJUV- todo esto corroborado mediante mensajes de whatsapp y correos electrónicos.
En una parte del texto de la demanda se lee un mensaje de whatsapp donde Farfán dice que “no puede creer” y que le parece “terrible” que se le dé mayor importancia a difundir las iniciativas del INJUV que a una foto de él con el Papa Francisco. De acuerdo al denunciante, estas actitudes se explican por las pretensiones del actual director del organismo en presentarse como candidato a diputado en la elección de noviembre.
El pasado 10 de febrero se realizó la audiencia preparatoria de juicio donde Nicolás Farfán fue representado por los abogados Rodrigo Garay Rojas y Ramón Sepúlveda Castillo, del bufete “RyS Cia Abogados”, los cuales habrían contratados con platas fiscales y mediante un trato directo, sin pasar por una licitación pública como señala la ley.
Además la funcionaria encargada de las compras de la institución, Laura Moraga, recibió un aumento de grado el mismo día que gestionó el contrato con los abogados, estos hechos fueron denunciados por el abogado de Carlos Cisterna, a la Contraloría General de la República.
La ley señala que las demandas interpuestas contra servicios públicos deben ser defendidas por abogados de los mismos organismos o en su defecto por profesionales del Consejo de Defensa del Estado y no por abogados externos como decidió realizarlo el director del INJUV.
La contratación tiene una serie de vicios que ya están en manos de la Contraloría, mientras la demanda por acoso laboral será vista este 17 de marzo por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo.
