Abbott defendió el envío de antecedentes del caso al Consejo de Defensa del Estado y dijo que de declararse adminisble la ampliación de querella contra Piñera, que incluye los nexos con Minera Dominga, la Fiscalía deberá investigar.
El fiscal nacional Jorge Abbott se pronunció respecto al llamado caso Bancard-Exalmar, nacido a partir de la querella del diputado comunista Hugo Gutiérrez en contra del ex Presidente Sebastián Piñera, por negociación incompatible y uso de información privilegiada. La empresa Bancard, en la que la familia Piñera Morel tenía inversiones, compró acciones de la pesquera peruana Exalmar mientras Piñera era Presidente y Chile enfrentaba al Perú ante el Tribunal de La Haya por territorio marítimo.
Respecto a esto, Abbott dijo: «La verdad es que es muy paradojal, porque hay presiones, teóricamente, de todos lados. Parece que hay un problema de lectura, de comprensión de lectura durante todo este tiempo, porque las mismas palabras son interpretadas por los diferentes sectores de modo distinto. Algunos sosteniendo que hay alguna decisión o tendencia a liberar de responsabilidad y otros en el sentido contrario», sostuvo el máximo jefe persecutor, tras participar en la ceremonia de inicio del año judicial.
En este sentido, explicó que lo importante es «que la ciudadanía tiene que tener confianza en las instituciones, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial». Abbott insistió en que no existen diferencias a la hora de realizar una indagación, pues «todas las personas tienen una misma forma de actuar por parte del Ministerio Público. Aquí no hay diferencias entre una investigación y otra».
Igualmente expresó que en el caso Bancard Exalmar «se ha abierto una nueva arista que dice relación con los antecedentes que hoy se están entregando a través de una querella (del diputado del PC, Hugo Gutiérrez) y que en el evento de ser declarada admisible la Fiscalía tendrá que investigar».
El fiscal nacional también respaldó el envío de los antecedentes del caso Bancard Exalmar al Consejo de Defensa del Estado, «pues en los casos en los que eventualmente pueda apareceré involucrado un empleado público en casos como uso de información privilegiada o algún delito d carácter funcionario, los antecedentes tienen que ser remitidos al consejo».
