La organización solicitó audiencia a través de dicha ley a 108 municipios con alcaldes reelectos que no han conformado aún sus Consejos Comunales de Organizaciones de Sociedad Civil (COSOC) o que no habían respondido a la solicitud por ley de transparencia realizada por la organización. Del total, 55 respondieron fuera de plazo. Y de esa cifra, la Contraloría General de la República ofició sólo a 13 y dictaminó respecto de 4. “¿La sanción? Ninguna, ni siquiera administrativa”, explica Álvaro Ramírez, Presidente de la entidad.
En diciembre de 2016, Fundación Multitudes pidió audiencia, a través de la Ley de Lobby, a los 108 municipios cuyos alcaldes habían sido reelectos y que no habían conformado sus Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), herramienta de participación ciudadana con carácter consultivo que nació de la Ley 20.500 con el objetivo de incidir y evaluar las políticas públicas comunales, sectoriales y en la propia gestión de cada municipalidad. Estos consejos deberían haber quedado renovados en octubre del 2015, ya que la duración de estos consejos es de 4 años. “Nuestro propósito fue generar instancias de diálogo entre el mundo civil y el público para relevar, en una instancia formal como son las audiencias, la importancia de constituir los COSOC cuanto antes. Nos encontramos con que 55 respondieron fuera de plazo, por lo que decidimos llevar estos casos a la Contraloría General de la República, institución que debe velar por el correcto cumplimiento de esta ley”, explicó Álvaro Ramírez, Presidente de Fundación Multitudes.
De los 55 municipios fuera de norma, 42 aceptaron la solicitud y 13 la rechazaron, respondiendo todos después de los 3 días establecidos por ley. Sobre la totalidad se presentó denuncia ante la Contraloría General, la que luego las derivó a las entidades regionales correspondientes. De todo este proceso, se entregó dictamen sólo sobre 4 municipios, exculpándolos de cualquier incumplimiento y decretando que es inoficioso atender el reclamo, por lo que quedaron sin sanción alguna. “Los sujetos pasivos están en todo su derecho de negar audiencias sin dar una explicación. Esto por ley. Lo que no pueden hacer es responder fuera del plazo establecido justamente por esta ley”.
De acuerdo a la organización, «esto demuestra la falta de compromiso que existe por cumplir la Ley de Lobby», y agregaron que “no podemos dejar que esta ley se convierta en letra muerta… por no contar con mecanismos de fiscalización pertinentes que ayuden a hacer efectivas las sanciones al incumplimiento”. Además, Ramírez, aseguró que el nivel de desconocimiento de la ley a nivel de municipios es demasiado. “Hemos incluso sabido de municipalidades que simplemente no están usando la norma y que en cambio han establecido sus propios procesos, como por ejemplo audiencias públicas”.
Por otra parte, la fundación aseguraó que existen municipios que no han respondido en dos oportunidades a solicitudes realizadas por la organización sobre la conformación de los COSOC a través de la ley de transparencia, como por ejemplo Tiltil y San Miguel en la Región Metropolitana.
