La reproducción y distribución ilegal de copias de obras protegidas por el derecho de autor generan -sólo en Chile- pérdidas superiores a los US$4 mil millones. Cómo frenar la circulación de material apócrifo y desincentivar el consumo de productos culturales falsos, es el desafío que se han impuesto la PDI y Editorial Santillana.
En 2016 nuestro país nuevamente apareció en la lista negra de las naciones que tienen problemas con el resguardo de la propiedad intelectual producto de la llamada ‘piratería’.
Esto, según el «Informe 301» de la Oficina de Comercio Exterior Norteamericana (USRT por su sigla en inglés).
«La propiedad intelectual es fuente fundamental de crecimiento económico y empleos de alta calidad para EE.UU., y es más importante que nunca evitar que gobiernos extranjeros y competidores roben a los innovadores de EE.UU. que tratan de respaldar empleos altamente remunerados mediante la exportación de sus productos y servicios a los consumidores de todo el mundo», acotó Michael Froman, representante de la USTR.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionó señalando que «tal como lo reconoce el reporte, Chile ha realizado importantes avances en materia de Propiedad Intelectual, sin embargo sigue sin reflejar fielmente nuestra realidad».
«Este instrumento que es elaborado de manera unilateral por Estados Unidos, y que es ajeno al mecanismo de diálogo contenido en el acuerdo suscrito entre ambos países, no contribuye al espíritu cooperativo que debe primar entre países que han demostrado ser socios exitosos», agregó la Cancillería.
Precisamente, la piratería no sólo vulnera la propiedad industrial e intelectual, sino también genera perjuicios a la economía (empresas y creadores) y a la sociedad en su conjunto, pero especialmente a la imagen del país a nivel internacional.
«Es que la palabra ‘pirata’ pareciera haberse convertido en una especie de fetiche. Sus efectos negativos repercuten en distintos productos: textos de estudio escolar, software, sitios web, ropa, diseños, fotografías e ilustraciones, medicinas, perfumes, equipos tecnológicos, pólizas de seguros, artículos de licencias internacionales, juguetes o claves de acceso a plataformas digitales», señaló Rodolfo Carrasco, Prefecto y Director de la Academia Superior de Estudios Policiales de la PDI.
«Con la emergencia de nuevas tecnologías y sectores comerciales informales especializados en la venta de productos falsificados, adquiere especial relevancia dar señales que en Chile las instituciones funcionan, se articulan en red y se movilizan coordinadamente en favor de la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial», hizo hincapié.
Carrasco participó hoy junto a Editorial Santillana en el Seminario Propiedad Intelectual y Derechos de Autor: Desafíos de la Agenda Nacional, actividad que contó con el patrocinio de la Corporación del Libro y de la Lectura.
«Para la PDI, es altamente necesario crear este tipo de instancias que nos permitan no sólo actualizarnos sobre los modus operandi, sino también, auto-exigirnos para estar a la vanguardia sobre cómo van mutando las dinámicas de operar», recalcó el Prefecto.
Por su parte, Mauricio Montenegro, Director general de Editorial Santillana, apuntó a que la piratería «es claramente un tema que atrapa el interés a nivel político, económico, educacional, cultural y empresarial, ya que impacta negativamente en el uso malicioso de bienes, servicios, patentes y licencias a gran escala. Y dado que no es tarea simple proteger la propiedad intelectual, industrial y los derechos de autor, no sólo porque produce pérdidas anuales por perjuicio fiscal que superan los 4 mil millones de dólares -sólo en Chile-, sino que además, afecta a industrias vinculadas a productos editoriales, juegos de consola, música, web por descargas ilegales, cine, diseño, software, industria alimentaria y farmacéutica, por cuanto la lista negra se aplica a una infinidad de productos».
«Para el ojo crítico de los especialistas y analistas en estas materias de los Estados Unidos, a Chile aún le quedan tareas pendientes para enmendar su régimen de responsabilidad de ISP para permitir una acción efectiva contra la piratería en todas sus modalidades», declaró el ejecutivo.
