«Al alba del día 30 de marzo decidieron el método para deshacerse de ellos: utilizar un corvo atacameño -el que el Ejército le regaló a Gary Medel-, para degollarlos y que murieran desangrados»
A 32 años del secuestro y homicidio de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, militantes comunistas ultimados por un comando de Carabineros, el hijo de uno de ellos Manuel Guerrero, de 14 años a la fecha de ocurridos los hechos, publicó en su perfil de facebook un texto para conmemorar la fecha, con el reclamo de que sólo uno de los autores del crimen se mantiene en prisión, el civil Miguel Estay Reyno, «El Fanta». El resto está libre sin haber completado sus condenas.
Si el 29 fue fuerte, el 30 de marzo de 1985 fue devastador. Es el día en que la búsqueda frenética por rescatar con vida a los secuestrados resultó infructuosa. Cerca del mediodía supimos que los cuerpos de mi padre y de José Manuel habían aparecido en un camino rural en Quilicura, junto a un tercer cuerpo que resultó ser el de don Santiago Nattino.
A los tres los habían tenido prisioneros en el antiguo local de la Firma, recinto de tortura del Comando Conjunto que actuó represivamente entre 1974-1976 y del Servicio de Inteligencia de Carabineros, SICAR, que se había reconvertido en la Dirección de Comunicaciones de Carabineros de Chile, DICOMCAR. Ubicado en la central calle Dieciocho, en el antiguo local del diario El Clarín, frente de la actual Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, UNICIT. Ahí los tuvieron esposados, con la vista cubierta, aplicándoles tormentos durante el día y la noche del 29 de marzo. A mi padre le extrajeron las uñas de las manos, le quemaron ambas orejas y le quebraron la frente de un culatazo. Se trataba del mismo recinto en que habían torturado a mi padre durante su primera detención en 1976, y por parte de las mismas personas. Esto porque la DICOMCAR tenía un personal de 150 integrantes, la mitad de ellos heredados del Comando Conjunto.
Al alba del día 30 de marzo decidieron el método para deshacerse de ellos: utilizar un corvo atacameño -el que el Ejército le regaló a Gary Medel-, para degollarlos y que murieran desangrados.
Todo esto ocurrió bajo Estado de Sitio, con la ciudad de Santiago bajo completo control militar. El tránsito de la carretera de la costa, entre el aeropuerto de Pudahuel y Santiago, fue detenido por el lapso de tiempo necesario para que los agentes pudieran cometer su crimen en total impunidad. El secuestro del día anterior en el Latino también había contado con la coordinación de Carabineros, quienes detuvieron el tránsito por Av. Los Leones, entre Eliodoro Yáñez y Pocuro. Esa fue la razón de que los alumnos del Latino, a minutos de las 08:30 de la mañana, de pronto sintiéramos un completo silencio desde la calle, el que solo fue interrumpido por un helicóptero de Carabineros que apoyaba la operación por encima del Colegio, y luego por el sonido de ruedas autos frenando a toda velocidad; gritos de nuestros padres y estudiantes resistiendo el rapto, y el balazo final al tío Leo que intentó impedir que éste ocurriera.
Los perpetradores eran Carabineros y un civil -Miguel Estay Reino, el Fanta, ex comunista convertido en agente del Comando Conjunto-, quienes dependían directamente de César Mendoza Durán, Director General de la institución e integrante de la Junta Militar, a quien informaban de las acciones el coronel Luis Fontaine y el coronel Julio Michea, jefes de la DICOMCAR. Esta línea de mando de Carabineros fue la responsable intelectual, y en el caso de Michea además material, del secuestro y crimen. El grupo operativo que llevó adelante el secuestro y el triple homicidio fue liderado por el mayor Guillermo Gonzalez Betancourt y el capitán Patricio Zamora, ambos partícipes materiales. También estuvó involucrado Miguel Estay Reino, el Fanta, quien fue el de la idea de utilizar el corvo como arma. Las ejecuciones mismas en Quilicura, ante la vista y mando de Gonzalez Betancourt, Zamora y el Fanta, fueron perpetradas por cabos de Carabineros.
Tal como se aprecia, no se trata de un delito simple, sino de un crimen de Estado. El caso cumple todos los requisitos para que sea calificado de Terrorismo de Estado. Sin embargo, luego de diez de años de investigación sin colaboración de los hechores, y luego de dictaminadas las penas -presidio perpetuo-, el tratamiento que se le ha dado a los perpetradores es que como si tratara de delitos simples. Ello ha llevado a que al día de hoy, y a pesar que las condenas fueron de por vida, el único que sigue cumpliendo condena en Punta Peuco es Miguel Estay Reino. Todos los demás han recibido beneficios intra y extrapenitenciares, que no corresponden a delitos de lesa humanidad. Casi la totalidad de los condenados por este triple secuestro y crimen se encuentran hoy libres, sin haber terminado de cumplir sus condenas.
Lo anterior constituye denegación de justicia por parte del Estado de Chile y abandono de deberes por parte de los jueces que, al otorgar los beneficios extracarcelarios en estos casos, no han reconocido la calidad de delitos de lesa humanidad de estos crímenes, faltando a la jurisdicción internacional en la materia, específicamente a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por tal motivo, en estos días, además de recordar a nuestros caídos, les extendemos la invitación a hacerse parte del reclamo de justicia, adhiriendo a la iniciativa que como Familiares de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad presentaremos al Congreso Nacional, para que se acuse constitucionalmente al Pleno de Ministros de la Corte Suprema, por incurrir en notable abandono de deberes (referidos al inciso segundo del artículo 5º de la Constitución chilena), por negarse a efectuar una declaración de reconocimiento jurisdiccional interamericano, que reconozca la primacía jerárquica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esto dado que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen con claridad que no se les puede otorgar beneficios de salida a criminales de lesa humanidad. Ello implica que la Corte Suprema debía dejar sin efecto los beneficios que han sido otorgados en estos últimos años a quienes se encuentran cumpliendo condena. Junto al abogado Fernando Leal y Mirna Troncoso, quien el 30 de agosto inició estas gestiones, en estos días presentaremos el requerimiento al Congreso Nacional.
Un saludo fraterno en este día de pena, pero también de compromiso. La lucha amorosa por una sociedad más justa, que honre a nuestros caídos y esté a la altura de una vida digna, continúa.
