«Sin números no hay existencia, no se logra una conciencia plena, el Estado desconoce su responsabilidad y se trasforma en esa familia que antaño escondía al miembro de la familia por considerarlo enfermo o retardado», sostiene la entidad.
La Fundación Nacional de Discapacitados (FND), a través de su presidente Alejandro Hernández, y de su directora de Acción Social, Karina Olivares, hizo un reclamo respecto del Censo 2017 que se realizará este miércoles en todo el país.
En un texto enviado a El Mostrador, la entidad manifestó que «la ausencia deliberada de preguntas para detectar población de Personas con Discapacidad en el Censo 2017 es claramente un hecho atentatorio para un grupo que en nuestro país suma al menos de 15 a 20% de la población».
«La decisión de excluir a la discapacidad del cuestionario, esgrimiendo motivos técnicos ajenos a nuestra comprensión, va a significar la invisibilidad de este grupo y un retroceso grave a los esfuerzos no solo nacionales, sino internacionales de ONGs y organismos de Derechos Humanos, por mostrar la precaria situación que enfrentan millones de personas en compatriotas en nuestro país», agregó la Fundación.
«Lo anterior, por su alta relevancia, da pie a considerar que se trata de un síntoma grave y a su vez de un efecto demostrativo de la ausencia de una Política Social fuerte y concisa en Discapacidad, designado por el propio SENADIS, su entidad estatal representativa, como “el principal grupo vulnerable de Chile». Vunerabilidad que por cierto, va a ser muy difícil de comprobar y revertir, dada la ausencia crónica de estadísticas articuladas y serias entorno a la discapacidad en Chile. Parece ser que el efecto de las malas cifras que tenemos, nunca bien validadas, recortadas, aisladas unas de otras y efectuadas con diferentes parámetros e instrumentos, ha sido a claras luces, una de las causas basales de la ausencia de la una Política fuerte y concisa que logre revertir la problemática», declaró la organización.
«Sin cifras articuladas, capaces de servir de instrumento serio, no alcanzamos siquiera al nivel de diagnóstico que sirva para una planificación. Debemos señalar firmemente que la obligación del Estado en este tema debe ser asegurar que la información resultante de los censos permita al menos tener la posibilidad de “mirar” la distribución de la discapacidad en la población. Lo relativo a las limitaciones en los dominios más básicos de la vida diaria, el grado de severidad de cada una de ellas y su relación con las características demográficas y socioeconómicas», afirmó la Fundación Nacional de Discapacitados.
«Cómo, en suma, la discapacidad en tanto condición de salud en primer término, dialoga en la práctica con el entorno y viceversa. Hoy no basta con contabilizar cuantas deficiencias existen y en qué tipo se presentan, sino más bien cómo, la propia sociedad crea la discapacidad como problemática. Necesitamos contar a las personas para poder hacer un llamado a la sociedad, que es el lugar donde se genera finalmente el “problema” de la discapacidad», prosiguió.
«Sin números no hay existencia, no se logra una conciencia plena, el Estado desconoce su responsabilidad y se trasforma en esa familia que antaño escondía al miembro de la familia por considerarlo “enfermo” o “retardado”. Retornamos a esa penosa situación que se registraba hace más de 50 años atrás», advirtió.
«Las preguntas hoy excluidas, fueron elaboradas gracias a un trabajo colaborativo con el Washington Group on Disability Statistics, que trabaja para lograr cifras reales en países latinoamericanos. Junto a este apoyo internacional, se logra un acuerdo sobre qué y cómo preguntar, consideración muy importante aunque poco conocida pues se trata de una amplia diversidad. Lamentablemente, fue un logro circunscrito en un Censo defectuoso, cuyas cifras finales no fueron validadas, optándose por la realización de un formato “abreviado” en 2017, es decir, lo que vemos hoy con esta grave exclusión», recalcó la entidad.
«Necesitamos urgentemente armonizar las cifras disponibles. Que el Estado de Chile, independiente del Gobierno que esté a la cabeza, comprenda y actúe en virtud al status especial que poseemos las personas con discapacidad y sus familias en todo el mundo y no siga jugando a invisibilizar, desconociendo las normas internacionales y legislaciones que nos amparan (…) como Fundación Nacional de Discapacitados, debemos alertar que debido a esta grave exclusión de más de 2 Millones y más de personas en Chile, habrá en lo inmediato, afectación en las asignaciones presupuestarias focalizadas a por ejemplo, localidades rurales donde se vive más fuertemente la exclusión y la pobreza en familias que cuentan con uno o más miembros con discapacidad. Seguiremos asistiendo a la ausencia de un Plan Nacional de Discapacidad articulado que permita salir de esta situación de exclusión y vulneración grave. El próximo Censo está programado para el año 2022», concluyó la fundación.
