La compañía reconoció estos datos en su contabilidad entre 2009 y 2014, rectificando ante el SII.
Millonarios aportes a centros de estudio ligados a los principales partidos, a personas naturales vinculadas a campañas electorales, en forma de asesorías o derechamente a través de boletas por servicios no prestados, ponen en tela de juicio el verdadero rigor con el que se ha regulado a la compañía multinacional, donde el Estado posee una ínfima participación.
El corte de agua en 27 comunas de la Región Metropolitana a raíz de la crecida del rio Maipo, ha puesto el foco nuevamente en la operación de la empresa sanitaria Aguas Andinas, que distribuye agua potable al 85% de la población en la zona.
Además de los cuestionamientos técnicos hechos por la autoridad, para explicar la responsabilidad de la compañía en la emergencia, y que la empresa contestó entregando algunos detalles de su plan de inversión, está el hecho de que Aguas Andinas figura como una de las empresas que estuvieron involucradas en el financiamiento irregular de la política.
La empresa pertenece en un 50,1% al grupo Aguas de Barcelona (Agbar). Durante el gobierno de Sebastián Piñera se concretó la venta del 35% de las acciones que el Estado poseía en la sanitaria, quedando actualmente en manos del fisco, un porcentaje de sólo 5%.
Aunque el código de ética que rige a la multinacional, presente en 24 países, restringe expresamente las donaciones políticas, recomendando «abstenerse» de ellas,permitiendo que sean «sometidas a consideración» en «determinadas condiciones», en el caso de la filial chilena, la relación fue bastante estrecha.
Según un rastreo a la contabilidad de la empresa, hecho por Ciper a partir de los datos entre 2009 y 2014, disponibles para el Servicio de Impuestos Internos (SII), los pagos con boletas por servicios no realizados, y por asesorías de distinto tipo, alcanzaron para prácticamente todos los sectores.
De esta manera, en el período mencionado, el centro de investigación periodística encontró 30 receptores, entre personas naturales y jurídicas, con vínculos políticos directos.
Por ejemplo hubo $420 millones pagados a think tanks de casi todo el espectro político. Es el caso de la Fundación Jaime Guzmán con 52,3 millones , ligada a la UDI, igual que Libertad y Desarrollo que obtuvo $72 millones; el Instituto Libertad , vinculado a RN, que recibió $117,6 millones y la Fundación Chile 21, ligada a partidos de centro izquierda, como el PS, el PRO y el PPD. En este caso, los pagos totalizan $34,5 millones. De corte progresista es también el centro Proyect America que funcionó hasta 2013 y recibió un total de $66,3 millones.
Otra institución privada que recibió pagos fue el Centro de Gestión Ambiental para el Desarrollo (CEGADES) ligado al histórico dirigente de la Democracia Cristiana, Gutemberg Martínez. En este caso, los pagos totalizan 75,6 millones.
Paralelamente la contabilidad de la compañía en el período registrado, contempla pagos a tres sociedades ligadas al abogado Pedro Yaconi, yerno del ex Presidente Eduardo Frei-Ruiz Tagle, por un total de $430 millones. Yaconi integró el comité de finanzas de la campaña presidencial que Frei perdió en 2009.
Otros $27 millones fueron pagados a una sociedad personal de Pablo Longueira y la cantidad de $53,5 millones llegó a Vox Comunicaciones, firma que fue investigada en el caso Penta por los pagos asociados al ex ministro Laurence Golborne.
Uno de los casos más llamativos fue el de los ex ejecutivos de Chilevisión: Mario Conca y Jaime de Aguirre, que recibieron entre los dos un total de $76 millones emitiendo boletas por servicios no prestados a Aguas Andinas. La maniobra la hicieron a solicitud de Santiago Valdés, gerente de Bancard, la matriz de Sebastián Piñera cuando el ex Presidente era dueño de Chilevisión y pagó por esta vía los bonos comprometidos para De Aguirre y Conca.
Aguas Andinas, reconoció todos estos pagos y en efecto, los rectificó ante el SII entre abril y junio de 2015, sometiéndose a la sanción tributaria contemplada para estos casos, que corresponde a una multa. L
